El PP malagueño ha presentado 92 enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2016 por valor de 75 millones de euros. La diputada andaluza por Málaga Esperanza Oña reconoció ayer la importancia de las partidas para educación y sanidad, cuyo importe es el 60% del total presentado. Teniendo en cuenta las partidas genéricas para las ocho provincias, las enmiendas del PP que afectan a Málaga ascienden a 189 millones de euros.
El pasado año, el PP de Málaga presentó 116 enmiendas por valor de 65 millones de euros, pero todas fueron rechazadas, informó Esperanza Oña.
El partido ha propuesto destinar 15 millones para la construcción del tercer hospital en la provincia. Además, parte del presupuesto iría destinado para la ampliación o finalización de los hospitales de Ronda, Costa del Sol, Fuengirola-Mijas y de la Axarquía.
Del mismo modo, continuó, «se plantea la creación y ampliación de casi una veintena de centros de salud y ambulatorios, como el de Gamarra, Los Pacos (Fuengirola), Torre del Mar, Algatocín, Las Albarizas, San Pedro, Rincón de la Victoria, Nerja y Cómpeta, entre otros».
Treinta millones de euros irían destinados para propuestas educativas, entre las que destacan el plan de infraestructuras que permita eliminar las aulas prefabricadas en la provincia y las inversiones en los conservatorios de Torre del Mar, Ronda y Estepona.
carreteras y transportes irían destinados 15 millones de euros, un millón para viviendas, siete millones para finalizar las obras del Metro de Málaga, 2,5 millones para medio ambiente y saneamiento y 2,7 para planes de cultura y patrimonio, entre los que destacan la inversión para la restauración del baño árabe de la Alcazaba de Málaga y la finalización del proyecto de los Dólmenes de Antequera.
«Los presupuestos de la Junta de Andalucía sostienen un modelo fracasado que nos sitúa en las últimas posiciones», declaró Oña, que reivindica una mayor preocupación por los importes destinados a educación, sanidad, causas sociales y a combatir la corrupción.
Además, la popular señaló la petición de las sedes judiciales de Marbella y Torrox, mientras que en materia de Ordenación del Territorio apuntó el Plan de Apoyo a la regularización y legalización de viviendas irregulares, los 100.000 euros para nueva planificación urbanística a Marbella tras la sentencia del Supremo, además del plan de agilización de informes sectoriales en materia de aguas para los PGOU.
