CSIF-A ha "exigido" a la Junta de Andalucía que "no se escude en la intervención de sus cuentas" por parte del Ministerio de Hacienda para no cumplir sus compromisos,Ministerio de Hacienda entre ellos la oferta de 8.326 plazas de empleo público, y ha anunciado movilizaciones si no se respetan los acuerdos.

El sindicato recuerda en un comunicado el acuerdo entre la Administración regional y los sindicatos de la Mesa General del 17 de julio de 2018, en el que se incluía, entre otros asuntos, la devolución a los 270.000 trabajadores públicos de la Junta de la parte autonómica de las pagas extraordinarias de 2013 y 2014 que fueron detraídas.

El vicepresidente de CSIF-A, Francisco Iglesias, ha señalado "la profunda preocupación" entre los empleados públicos por la posibilidad de que el Gobierno andaluz no mantenga las mejoras contenidas en el citado acuerdo y no ejecute la contratación de los 450 docentes y los 1.509 sanitarios previstos en el Presupuesto de la Junta de Andalucía de 2020.

"No permitiremos que el Ejecutivo autonómico empeore las condiciones laborales y salariales de los trabajadores públicos y que no aumente la plantilla de los servicios públicos amparándose en la intervención de sus cuentas por el Gobierno central", ha dicho Iglesias antes de asegurar que convocarán movilizaciones si no se respetan los acuerdos.

CSIF-A recuerda, entre las mejoras para los empleados públicos incluidas en el acuerdo firmado el pasado año con la Junta, el incremento de un 2 % de sus retribuciones a partir del próximo 1 de enero y la implantación del permiso de paternidad de 20 semanas en 2020.

Además, se acordó la percepción del 100 % de las retribuciones en los casos de baja por enfermedad, la recuperación de la carrera profesional en la Sanidad, la puesta en marcha de la Oficina Judicial o el desarrollo de un complemento específico en el ámbito docente.

También se firmó una tasa de reposición del 100 % del personal público en todos los sectores, a lo que sumaría un 8 % adicional para el refuerzo de las plantillas, lo que permitiría "frenar la pérdida de personal y adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de los servicios que presta la Junta", según Iglesias.