El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha informado de que el próximo curso 2020/21 se destinarán 40 millones de euros para mejorar la financiación de los centros públicos y los adheridos al programa de ayuda de la Junta que imparten el primer ciclo de Educación Infantil.
Este incremento en el presupuesto destinado al ciclo de 0 a 3 años permitirá subir el precio-plaza en un 15 por ciento, desde los 278,88 actuales a 320,71 euros, incluido el servicio de comedor, así como la subida de los tramos de las bonificaciones, ha explicado.
Imbroda, que ha inaugurado en Antequera el II Congreso de Educación Infantil de Andalucía, organizado por Escuelas Infantiles Unidas, ha indicado que el aumento de las ayudas compensará la subida del precio-plaza, con lo que las familias no tendrán que pagar más.
Durante su intervención en el congreso, el consejero ha asegurado que esta mejora de la financiación se aplicará a partir de septiembre y dará respuesta a una demanda histórica de este sector.
Ha confiado en que esta medida contribuya a amortiguar "la asfixia" que la congelación del precio-plaza y la subida del Salario Mínimo Interprofesional ha provocado en este sector en la última década.
La red de escuelas públicas y de centros adheridos al programa está integrada por 2.024 centros.
En declaraciones a los periodistas, Imbroda ha destacado la importancia del ciclo de 0 a 3 años, una etapa que "no es solamente asistencial", sino que tiene un componente educativo "muy importante" y ha subrayado la decisión de actualizar el precio-plaza que "llevaba 12 años congelado".
En cuanto a la lucha de este colectivo contra los centros ilegales, el consejero ha dicho que son "situaciones que se llevan produciendo desde hace mucho tiempo" y que habrá que "ordenar".
A este respecto, la presidenta de la asociación Escuelas Infantiles Unidas, Maribel Uncala, ha señalado que desde la Consejería se ha dado un primer paso que establecer un protocolo de actuación respecto a los inspectores.
Ha indicado que uno de los problemas que afrontan es que el cierre de estos centros-ludotecas que funcionan como guarderías- corresponde a los ayuntamientos y policías locales.
