La Fiscalía sobre los ERE: «Son patentes las ilegalidades y todos eran conscientes»

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que confirme las condenas impuestas a casi una veintena de excargos de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves, al ratificar las irregularidades cometidas en el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales que recoge la sentencia del denominado ‘caso ERE’ porque queda probado que «se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control». Ha asegurado que «son patentes las ilegalidades» cometidas y ha insistido en que «todos eludieron sus responsabilidades» y «eran conscientes de que la partida no era adecuada».

Así se pronunció ayer el fiscal Fernando Prieto ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que celebró la segunda sesión de la vista pública de los recursos interpuestos contra la sentencia de los ERE que dictó la Audiencia Provincial de Sevilla, por la que se condenó a ex altos cargos de la Junta de Andalucía por delitos de prevaricación y malversación.

El fiscal, que empezó su exposición a las 9.30 horas después de que el miércoles las defensas pidieran al tribunal modificar la sentencia y absolver a los condenados, explicó que en el año 2000 se produjo un cambio en la presupuestación que, a su juicio, «no tiene ningún tipo de justificación».

Las defensas de Chaves y Griñán piden su absolución de los ERE

«No hay ningún tipo de norma que admita la utilización de la partida de financiación para el pago de subvenciones. Está expresamente prohibido», dijo para luego subrayar que en 2010 se volvió al sistema anterior. Para el fiscal, la «única explicación» es que «se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control».

Además, Prieto defendió que «la Consejería de Empleo contaba con crédito suficiente para abonar las ayudas», por lo que considera que «no era necesaria una modificación presupuestaria».

Al hilo, el Ministerio Público aseguró que las ayudas concedidas no cumplieron con los requisitos previstos: ni relación de beneficiarios ni justificación de la finalidad pública ni acreditación de cumplimiento de dichas finalidades. «Ni uno solo de los 270 expedientes que obran en la causa cumplieron ni uno solo de los requisitos. No existió ni siquiera procedimiento ni expediente», insistió.

Así, el fiscal recordó que los técnicos de la Junta de Andalucía examinaron los expedientes. «Todos ellos dicen que era un caos, que no había documentación, que no se había regulado nada», señaló.

En este sentido, puntualizó que en el periodo que abarca la causa «el número total de expedientes de ERE ascendió a 5.883» y que al no haber «ningún tipo de base reguladora ni de publicidad» era «inviable que cualquier peticionario pudiera acceder».

El fiscal reprochó que se decidiera cuantificar las ayudas no por su importe sino por la cuantía que recibía cada trabajador, «a pesar de que la beneficiada era la empresa». «Fue conocido por el Consejo Rector y nada se hizo al respecto», dijo tras insistir en que «había un desfase presupuestario».

En el marco de su exposición, precisó que -al ser concedidas las ayudas por la Consejería de Empleo sin fiscalización alguna y al pasar por el Consejo Rector- «todos ellos eran absolutamente conscientes de lo que estaba sucediendo». A su juicio, «eran conscientes de que la partida no era adecuada».

Además, subrayó que -desde 2001 y hasta 2009- se les advirtió al consejero de Empleo y al de Hacienda que el IFA no podía funcionar como entidad proveedora y ellos hicieron «caso omiso de todos los informes». Así las cosas, el fiscal elevó el tono: «Todos eluden su responsabilidad. ¿Alguien cree que esto es posible? ¿Qué mensaje trasladamos al ciudadano?».

Al hilo, insistió en que «no es posible» que esto sucediera durante 10 años y los acusados no tuvieran conocimiento de ello. «Necesariamente tenían que saber. Necesariamente eran conscientes de que se estaba presupuestando mal», dijo.