De Guayaquil a Marbella: un acuerdo de 4 toneladas de cocaína mensuales, inversión inmobiliaria y gimnasios

El primer hilo del que se tiró para desarticular la organización presuntamente dedicada a traficar con grandes cantidades de cocaína desde Ecuador a Europa se encontraba en Marbella. Ese no es otro que M.S., un empresario de origen argentino que controlaba empresas de sectores muy dispares, desde la producción y exportación de plátanos entre ambos continentes, establecimientos deportivos en el municipio marbellí, centros comerciales en Granada y negocios de hostelería y ocio nocturno sobre las que se detectaron "indicios de financiación oculta" detrás de una apariencia mercantil legal, según ha explicado la Policía Nacional.

Como ya adelantara este diario, este empresario era socio y mano derecha de Dritan Gjika, un albanés con el que compartía negocios que les permitían mover cientos de contenedores marítimos al año con los que obtenían grandes beneficios que invertían en exclusivos inmuebles de Marbella, Guayaquil y Dubái y abrían nuevas vías de negocios como el ocio nocturno o el deportivo, han explicado. Ambos aprovechaban las exportaciones de sus empresas para ocultar cocaína en los contenedores. Y para ello contaban con la colaboración de personal en los puertos y otros empresarios que importaban la fruta simulando una relación lícita.

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El grupo usaba distintos métodos para enviar la droga, pero tras la incautación en 2020 de más de 1.100 kilos de cocaína en un contenedor en Países Bajos cambiaron de estrategia. Comenzaron a realizar pequeños envíos de entre 15 y 40 kilos de droga, contaminando varios contenedores a un mismo importador para, en el caso de ser interceptada, negar la empresa exportadora su implicación en el envío.

Si el empresario de Marbella se encargaba la logística de exportación coordinar el entramado financiero dirigido al blanqueo, su socio el albanés trabajaba sobre el terreno americano. Los investigadores le atribuyen la labor de mover la droga desde Colombia a Ecuador, "teniendo un contrato con sus suministradores colombianos para recibir 4.000 kilos de cocaína al mes" de los laboratorios del Valle del Cauca. Posteriormente, preparaba los contenedores para su envío a diversos países del viejo continente con la ayuda de otros miembros de la organización, tanto en las empresas exportadoras que controlan, como en el propio puerto de Guayaquil.

Blanqueo

La Dirección General de la Policía ha explicado que el grupo contaba con un experto blanqueador también afincado en Marbella que tenía una orden de investigación europea a petición de las autoridades holandesas. Junto al empresario argentino, contactaban con los receptores de la droga en los distintos países europeos "negociando los costes, el reparto de beneficios, la recolección del dinero debido y otros detalles. De hecho, durante la investigación se han detectado entregas de dinero en Barcelona entre ciudadanos ecuatorianos y el entorno del empresario español, llegándose a intervenir en 2021 un millón de euros ocultos en un vehículo.

La investigación también ha acreditado envíos de droga a Países Bajos, Bélgica, Rusia, Rumanía, Albania y España, siendo incautados entre 2019 y 2022 un total de 3.210 kilos de cocaína en diversos países y otros kilos del estupefaciente en España, donde la organización contaba con dos empresarios para colar la droga a través del Puerto de Algeciras. Ambos han sido detenidos.

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Registros

La operación culminó el pasado 6 de febrero en un operativo en el que participaron más de 800 efectivos policiales en Ecuador y España, países que sumaron 40 y 22 registros, respectivamente. El balance arrojó 32 detenidos, 18 en el país sudamericano, uno en Reino Unido y 13 en España, siete de los cuales fueron arrestados en Marbella. El resto de implicados en nuestro país fueron capturados en Barcelona, Granada, Madrid, Valencia, Cádiz y Sevilla. Los agentes han intervenido 500.000 euros en efectivo, más de 12.000 dólares, dinero en metálico de otras monedas extranjeras, un arma corta, 12 vehículos, relojes de alta gama, terminales móviles y material informático. También se han inmovilizado inmuebles por un valor aproximado de 12 millones de euros, bloqueado 88 productos financieros e intervenido judicialmente cuatro empresas.