La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto municipal de plusvalía ha sentado como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Málaga. Y no porque no la esperaran, sino porque el Consistorio de la capital ingresa cada ejercicio en torno a 50 millones de euros por este tipo impositivo, lo que supone que, a partir de ahora, y anualmente, la eliminación, que es lo que ha ocurrido en la práctica, de este impuesto supondrá que la ciudad deje de ingresar una suma equivalente al 6% de su presupuesto. Y eso, además, en un momento como el actual, en el que hay una bajada de ingresos debido a la pandemia. Eso tiene otra cara, claro: los malagueños empadronados en la capital van a ahorrarse 50 millones de euros cada año al eliminarse el impuesto, una demanda, por ejemplo, exigida por la oposición, sobre todo en el caso de la plusvalía por herencia.

El tribunal ha declarado inconstitucionales y, por tanto, nulos, los apartados uno, dos y cuatro del artículo 107 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, porque "establece un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición", con independencia de que realmente se haya producido y de su cuantía real. Es decir, que la forma de calcular del impuesto implicaba que siempre hubiera aumentan de valor en la tasación del domicilio de que se tratase entre transacciones (la compra y la venta posterior, por ejemplo, o también ocurre con donaciones y herencias) y, por tanto, siempre salían ganando las administraciones.

La decisión no tiene efectos retroactivos para limitar su alcance. Ya en 2017 determinó el Constitucional que no haya que pagar el impuesto si no hubo beneficio con la venta de la vivienda y, en 2019, hizo lo propio con el pago del impuesto por un importe superior al incremento o plusvalía producido en realidad. El caso es que el Ayuntamiento no liquidaba desde hace años las plusvalías que salían a pérdida. Aquí, la oposición ha exigido una y otra vez que se elimine la plusvalía por el sobreprecio que pagan las familias malagueñas y el equipo de gobierno anunció su reforma hasta hacerlo prácticamente imperceptible para los contribuyentes, a razón de reducirlo un 12,5% cada ejercicio en un periodo de ocho años, pero la pandemia dio al traste con esa prometida reforma.

Carlos Conde señaló: "Esta nueva sentencia del Tribunal Constitucional contra el impuesto de la plusvalía no nos sorprende, porque desde hace años venimos insistiendo al Gobierno central en la necesidad de tramitar la reforma de este impuesto. No hablo solo del Ayuntamiento de Málaga, hablamos de los más de ocho mil ayuntamientos de España, de todas las fuerzas políticas que, representados a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), venimos desde hace años reclamándolo. Nos indigna que en dos años el Gobierno central no haya hecho nada, es una total dejadez de funciones que nos sume a los ayuntamientos en una dificultad presupuestaria de enorme calado toda vez que estamos cerrando el presupuesto del año 2022 y evidentemente este impuesto financia servicios públicos, algunos de ellos tan importantes como los necesarios para la reactivación económica y social con motivo de la pandemia para el año 2022".

Solo en el Consistorio malagueño, se dejarán de recaudar en torno a 50 millones de euros, es decir, el 6% del presupuesto municipal, dice. "Los ayuntamientos no somos ni mucho menos culpables de esta situación, por lo tanto ya no cabe más dilación, la ministra Montero debe arbitrar de inmediato un mecanismo que corrija a través de la compensación económica esta situación sobrevenida si no quiere pasar a ser la ministra que nos está friendo a impuestos y que va a llevar a la quiebra a los municipios".

Conde propone una solución parecida a la arbitrada por José María Aznar cuando suprimió el pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las pequeñas y medianas empresas que facturen menos de un millón de euros y, para ayudar a los Consistorios que dejaban de percibir estas sumas, el Ejecutivo central les compensa.

"Este año en principio no debiera afectarnos porque parece (no conocemos el fallo) que no tiene efectos retroactivos", explica Conde.