El Ayuntamiento de Málaga interpuso el pasado 13 de diciembre un recurso contencioso-administrativo contra el procedimiento abierto por el Ministerio de Cultura para ver si "existen inicios suficientes de expoliación" del rascacielos hotelero sobre el patrimonio cultural de la ciudad de Málaga, dado que alteraría de "manera irreversible" el paisaje histórico que caracteriza el Centro, "la relación directa de esta con el mar y la contemplación conjunta de ambas, elementos motivadores de su declaración como conjunto histórico y BIC". Es decir, es la efectiva judicialización del proyecto, del choque de trenes entre el Estado y el Consistorio, en este caso por el trámite de Cultura por el expolio.

La Gerencia Municipal de Urbanismo ya incoó un expediente de reclamación previa contra el expediente del Ministerio de Cultura, paso previo a la presentación del recurso judicial en un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, una vez que el Gobierno central no ha contestado a esta reclamación previa. Ya informó este periódico de que el siguiente movimiento en este complicado tablero era la interposición de un recurso ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, abriendo la vía judicial.

El expediente de expolio fue abierto por el estado el 7 de julio y se notificó al Consistorio el 10, en septiembre se hizo la correspondiente reclamación previa basada en que la resolución de la Secretaría General de Cultura contenía ciertos errores, entre ellos se apuntaba, dice el concejal de Urbanismo, Raúl López, a que el Puerto formaba parte del BIC que es el Centro, lo que "no es cierto"; que había impacto paisajístico, lo que negaba, ha indicado, la Junta en un informe y se confundía el Plan Especial del Puerto con otro documento similar, siempre según el edil.

El Estado tenía dos meses para contestar a la reclamación previa, pero no ha llegado respuesta alguna y "ya solo quedaba el contencioso". Se admitió a trámite, destaca el concejal, y el fin es "responder a los tres golpes del Estado contra Torre". Se refiere al informe de Puertos del Estado en el ámbito de la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto, el trámite llamado urbanístico, en el que el Gobierno quiere que, antes de que vaya a Consejo de Ministros, el Ayuntamiento publique en el correspondiente boletín oficial la aprobación definitiva de la modificación, mientras que el Consistorio defiende que primero lo apruebe el Consejo de Ministros y luego se publique. Al expediente de expolio, en segundo lugar, y a la interpretación que algunas fuentes hacen de la afección de la declaración como BIC de la Farola en la futura construcción del rascacielos en su zona de influencia.

"Nosotros ahora vamos a argumentar, la Torre te puede gustar o no, puede ser más alta o más baja, todo el mundo tiene una opinión respetable, pero de ahí a decir que hay un grado de riesgo para la ciudad y que haya un expediente de expolio...", destaca el edil.