La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, aseguró ayer que la Junta tiene en marcha todas las obras contempladas en su decreto de sequía, que aprobó en junio de 2021, y tiene previsto finalizarlas a lo largo de este año con una inversión movilizada de 17,8 millones. Sin embargo, reprochó al Gobierno central que no haya prácticamente ninguna obra competencia del Estado dado que la cuenca del Guadalquivir la gestiona el Ministerio de Transición Ecológica y cubre más del 60 por ciento del territorio andaluz.

En comisión parlamentaria para informar de la situación de la sequía en Andalucía, Crespo afirmó que la Junta «se ha adelantado y ya tiene en marcha todas las recogidas en el decreto de sequía».

Así, expuso que cada diez años hay un período de sequía en Andalucía y el actual comenzó a finales de 2018 y se prolonga hasta ahora, por lo que las reserva hídricas están al 36 % en las cuencas intracomunitarias, que gestiona la Junta y cubren aproximadamente un tercio del territorio, y al 28 % en la del Guadalquivir, ya que las precipitaciones son inferiores en un cuarenta por ciento a la media histórica.

Ante este panorama, la consejera resaltó que la Junta ha actuado a tiempo y acusó al Gobierno central de «haberse quedado noqueado cuando la Junta tuvo que devolver las competencias del Guadalquivir al Ministerio de Medio Ambiente y no haber hecho nada en mucho tiempo para prevenir la sequía».

Según la consejera, cuatro comarcas andaluzas se encuentran en situación de sequía excepcional -Campo Gibraltar, Barbate, Cuevas de Almanzora y Viñuela-Axarquía- y precisamente en esas zonas se está actuando en aumentar los trasvases, en mejorar las estaciones de bombeo, en pozos y en ampliar desaladoras, entre otras actuaciones.

Sin embargo, la consejera pidió al Gobierno central que ponga en marcha obras de su competencia como la presa de Alcolea, el túnel de San Silvestre, las ampliaciones de las desaladora de Carboneras y Marbella y la presa de Rules o Siles, entre otras muchas.

También reclamó al Ministerio de Agricultura que se constituya una mesa nacional de sequía para adoptar medidas de reducción fiscal del 50 % del IRPF para todos los sectores agrícolas y ganaderos, así como ayudas para agricultores y ganaderos con las que paliar los graves efectos de la sequía en la rentabilidad de las explotaciones.

Por parte de la oposición, la portavoz del grupo socialista, Mercedes Gámez, censuró la «demagogia» de la Junta por dedicarse «solo a pedir» al Gobierno cuando está en su mano hacer un reglamento del ciclo integral del agua para su su planificación, en colaboración con los ayuntamientos, y no lo ha hecho.

Desde Unidas Podemos, Carmen Barranco, sostuvo que la escasez de agua no es por falta de lluvias sino por un mal uso con autorizaciones por parte de la Junta de regadíos ilegales en Doñana y con un sobreconsumo por cultivos superintensivos.

Y para el diputado de Vox Eugenio Moltó, la situación es crítica y exige solidaridad regionales entre territorios para hacer trasvases y ayudas fiscales y sociales para los agricultores y ganaderos.