Operación Nikola

Cae una trama que robaba a una eléctrica datos de sus clientes para darlos de alta en otras empresas

Málaga es una de las 12 provincias con detenidos, la mayoría trabajadores comerciales que buscaban las comisiones por las nuevas captaciones

Investigadores de la Policía Nacional.

Investigadores de la Policía Nacional.

La Opinión

Un total de 44 personas han sido detenidas en 12 provincias españolas, incluida Málaga, por el uso fraudulento de datos personales para usurpar la identidad de consumidores y contratar servicios no autorizados. El objetivo, según la Dirección General de la Policía, era enriquecerse con las comisiones por la captación de nuevos clientes. Para lograrlo accedían a las bases de datos personales de compañías eléctricas y usurpaban la identidad de sus clientes sin su consentimiento para cambiarlos con otras empresas proveedoras de servicios. Veintiséis de los arrestados eran trabajadores comerciales y los 18 restantes eran administradores de sociedades “fuerza de ventas” que a su vez proveían de las bases de datos.

La investigación se inició en septiembre de 2019 con la denuncia del administrador de una compañía distribuidora de luz y gas natural. Este hombre trasladó que personas desconocidas se hacían pasar por trabajadores de la empresa y que estaban llamando a los clientes. "Conocían todos sus datos personales, bancarios y puntos de suministro y les ofrecían un supuesto descuento en la tarifa, cuando en realidad los cambiaban a otra comercializadora eléctrica sin conocimiento de los mismos", han explicado.

Además, la empresa denunciante había realizado una auditoría interna en la que se había detectado que se habían producido accesos no autorizados a sus bases de datos. También descubrieron que personas desconocidas habían contactado con la mercantil haciéndose pasar por clientes y, tras contestar las preguntas de seguridad, solicitaban duplicados de facturas con la finalidad de comunicar un cambio en sus datos personales de contacto. Una vez realizado el cambio de compañía, evitaban que una posible contraoferta llegara al consumidor que desconocía su nueva alta. Paralelamente, la comercializadora eléctrica que estaba recibiendo a los nuevos clientes, tras detectar el método de captación, interpuso una querella contra varios comerciales por las prácticas realizadas.

Los investigadores comprobaron que el motivo de estas prácticas era percibir las comisiones por nuevas altas que proporcionaba la empresa a la que derivaban fraudulentamente a los clientes. Los agentes también detectaron como la empresa “fuerza de ventas” de la mercantil donde se inscribían a los nuevos clientes, a su vez subcontrataba nuevas sociedades para la captación de más clientes, lo cual suponía que una gran cantidad de datos personales de personas se filtraran hacia tales subcontratas.

Tras un operativo en tres fases, los agentes han arrestado a un total de 44 personas en 12 provincias (Barcelona, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla y Valencia) presuntamente implicadas en la trama por un delito contra el mercado y los consumidores. Veintiséis de ellos eran comerciales a los que también se les imputa un delito de usurpación de estado civil y 18 eran administradores de sociedades que estaban implicados presuntamente en un delito de estafa.

Aunque hasta el momento no se ha emitido una valoración económica del perjuicio causado, se estima que se hayan producido unos 36.000 cambios de datos personales que a su vez han causado baja en la compañía perjudicada. Los investigadores han informado de estos hechos a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por si las prácticas comerciales de las empresas “fuerza de ventas” pudieran ser constitutivas de una infracción contraria a la normativa de defensa de la competencia. También se informó a la Agencia Española de Protección de Datos sobre las medidas de protección y filtraciones de los datos personales de los consumidores por si fueran constitutivos de infracción en la normativa de protección de datos de carácter personal por parte de sociedades distribuidoras y comercializadoras contratantes de esas empresas de call center investigadas, susceptibles de corrección o sanción.