Un juzgado anula el cese del exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga

Un juzgado de Málaga ha anulado el cese que el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos (CBP) de Málaga, Manuel Marmolejo, ordenó en agosto de 2019 contra el entonces director técnico de la entidad, Julián Moreno, nombrado apenas un año antes y una de las caras más reconocibles del rescate de Julen en el pozo de Totalán. Según su sentencia, el magistrado considera la resolución del despido «contraria a derecho» por dos razones. Primero, porque se le cesó de un puesto que se le asignó de forma diferente a la que la propia entidad asegura haberle contratado. Es decir, que el consorcio realmente lo contrató en comisión de servicios (nombramiento de un funcionario que reúne los requisitos del puesto) y no por el procedimiento de libre designación (nombramiento discrecional), como pensaban los empleadores. Y en segundo lugar, por no motivar las razones del cese.

La sentencia, del 21 de abril, es firme desde el 23 de mayo y la parte demandada tendrá que pagar las costas de la instancia con dinero público. Fuentes de la Diputación de Málaga explicaron este pasado jueves a La Opinión que no han recurrido siguiendo el criterio de sus servicios jurídicos y que se trata de una formalidad en el procedimiento. Aseguran que acatan la sentencia y anularán el primer cese para tramitar uno nuevo como personal en comisión de servicios. «Hubo error en la interpretación que se hizo entonces por la Secretaría, pero no cabe indemnización ni hay cambio alguno», añaden. Julián Moreno, por su parte, reconoce que se trata de una victoria moral importante. «Se ha hecho justicia, se ha demostrado que obraron mal», responde antes de zanjar que seguirá peleando por recuperar todos sus «derechos perdidos». El funcionario fue nombrado durante la etapa de Francisco Delgado Bonilla al frente del CBP con Elías Bendodo como presidente de la Diputación.

La resolución recuerda que, según un informe del propio organismo, Moreno fue nombrado en mayo de 2018 a través de un procedimiento de libre designación al existir «una necesidad urgente e inaplazable», aunque se matizaba que era «con carácter excepcional, provisional y transitorio», pudiendo ser revocado en cualquier momento hasta que se convocara el puesto mediante un procedimiento selectivo. Pese a que la presidencia insiste en que la libre designación es consustancial a la confianza técnica, el magistrado destaca el «grado intenso» de confusión que se percibe tanto en la designación como en el cese. El juez explica que realmente se le nombra en comisión de servicios sin decir que sea tal, pero sí citando su marco normativo y reservándose la potestad el presidente de revocar el nombramiento por razones de confianza, como si de un puesto de libre designación se tratara. Sin embargo, reprocha que no se diga nada sobre la desaparición de las circunstancias urgentes e inaplazables que justificaron el nombramiento, sobre una decisión contraria a la prórroga de la comisión de servicios o un cese por agotarse el plazo de la misma. Igualmente, el magistrado considera que el cese se apoya en motivos propios de una libre designación y subraya que el recurrente no podía ser cesado de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación «por la sencilla razón de que ocupaba el puesto por una vía distinta y sometida a sus propias reglas de la movilidad funcional».

En cuanto a las razones que el Consorcio aporta como «elementos objetivos» para justificar el cese, el magistrado también se muestra contundente. Si la presidencia alegó querer dar «un nuevo impulso al consorcio en todos sus ámbitos, en especial a su organización interna y funcionamiento operativo», al juez le parece una expresión «vagarosa con la que no se sabe qué se quiere decir porque nada se explica».

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