Detectives contratados por caseros descubren un mercado negro de realquiler de viviendas en Málaga

La importante tensión a la que está sometido el mercado de la vivienda sumado al gran interés turístico que despierta Málaga como ciudad para visitar y pasar unos días conforman el caldo de cultivo perfecto para dar rienda suelta a la «picaresca inmobiliaria». Aunque son conocidas las prácticas abusivas que emplean los caseros para forzar a sus inquilinos a rescindir el contrato antes de tiempo y así poder subir los precios de la vivienda o destinarla al alquiler vacacional, también se dan situaciones censurables y, por supuesto, ilegales, que protagonizan los arrendadores, esto es, las personas a las que se alquila la casa.

En este caso, los inquilinos abandonan el piso en el que viven de alquiler sin informar al propietario para subarrendarlo por un precio mayor o incluso para darle uso de vivienda turística pese a no contar con la licencia correspondiente.

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Es común que los caseros acaben enterándose por algún vecino que, extrañado por las caras desconocidas o el trasiego de personas entrando y saliendo con maletas de la vivienda, se pone en contacto con el propietario, ya sea para preguntarle o advertirle.

Cuando el casero empieza a sospechar y necesita probar que verdaderamente se está realquilando la vivienda es cuando este opta por contratar a un detective privado, que se encargará de vigilar el piso y hacer un seguimiento al inquilino.

Según explica la directora de Grupo Investigo en Málaga y detective privado con una experiencia de 27 años en el sector, Nuria Medina, este tipo de prácticas han aumentado en los últimos años, propulsadas por el «boom» de las plataformas inmobiliarias y de alquiler vacacional. Aunque, eso sí, apunta que no es algo nuevo, sino que empezó con los subarrendamientos de los alquileres de renta antigua, con precios fijados muy por debajo del mercado, por lo que los inquilinos que realquilan consiguen un margen económico considerable.

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«Nos hemos encontrado con casos en los que el inquilino subarrienda la vivienda completa a través de alguna de las plataformas que hay como vivienda turística incluso sin tener los permisos ni nada porque lógicamente el propietario lo desconoce», señala Medina. «Si el subarriendo está permitido, que en muchas ocasiones se puede hacer si las partes están de acuerdo desde el primer momento,no hay ningún inconveniente. La cuestión es que en la mayoría de los contratos de arrendamiento la posibilidad de subarriendo no está permitida».

Miguel Ángel Martín, de Ache Detectives en Málaga, coincide con Nuria Medina en que en los últimos años ha aumentado el número de clientes que requieren de sus servicios para poder probar el subarriendo, rescindir el contrato con el inquilino e incluso denunciarlo.

En la Costa del Sol, sobre todo en viviendas unifamiliares, con piscina, se detecta más esta actividad

«Estando en la Costa del Sol, sobre todo en viviendas unifamiliares, con piscina y zonas residenciales, sí que se detecta este tipo de actividad», señala este detective con un bagaje de 30 años, que detalla en qué consiste la actuación de estos profesionales. «Se hace un servicio de seguimiento y observación para ver qué personas entran y salen de esos domicilios, corroborando en caso de que sean inquilinos permanentes que no se trata de los inquilinos legales y en el caso de que sea alquiler vacacional, se observa que hay movimiento de diferentes vehículos, diferentes personas y que permanecen en el inmueble tres o cuatro días».

Ambos detectives explican que, además de corroborar que la vivienda alquilada no se está empleando de forma lícita, esas averiguaciones incluyen también la ubicación del domicilio real que está usando el inquilino de forma habitual para demostrar que no reside en la propiedad de su casero.

Denunciar

Tras esta labor, los detectives emiten un informe que se puede ratificar judicialmente y que sirve como prueba para poner fin al contrato y, también, denunciar.

En este punto, Medina afirma que son pocos los propietarios que acaban denunciando a los inquilinos que han perpetrado estos realquileres por la lentitud de los procesos y los costes que supone. «En muchas ocasiones el denunciar después esa irregularidad quizás no les merece la pena y lo que quieren es lo antes posible llegar a un acuerdo con el inquilino».

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