Un 80% de los okupas son inquilinos que dejan de pagar el alquiler

La okupación de viviendas es un problema que viene afectando a un gran número de propietarios. Comúnmente se empleaba la técnica de la ‘’patada en la puerta’’ y la reventa de llaves por parte de mafias okupas, especialmente con inmuebles vacíos que pertenecen a bancos o segundas viviendas de propietarios. Sin embargo, cada vez es más común que sea el propietario quien abra la puerta a estos okupas y les ofrece las llaves bajo el pretexto de cobrar la renta. Pero esta renta jamás se le ingresa y acaba considerándose una inquiokupación. 

Según los datos ofrecidos por entre un 70 y 80% de los casos corresponden al perfil de la “inquiokupación”. Las familias presentan documentación falsa para mostrar solvencia económica y posteriormente se firma un contrato. Sin embargo, estos inquilinos no se hacen cargo de los gastos de alquiler ni de otros como agua, luz e Internet, llegando a conectarse ilegalmente a estos recursos o siendo los propietarios quienes se hacen cargo de estos gastos de suministro. 

Son muchos los afectados por este tipo de okupación, en el que se firma un contrato de alquiler y pagan solo los primeros meses, o en el peor de los casos, nunca llegan a pagarles. “Mis inquiokupas son una familia de 4 donde solo trabaja el padre. Dejaron de pagar en marzo de 2020 a raíz de la pandemia cuando solo llevaban un mes. Cuando pasaron cuatro meses sin recibir el pago avisamos de que los denunciaríamos y les dijimos que para evitarlo que se fuesen ya y así no les obligaba a pagar la deuda”, explica una joven inquilina. Sin embargo, la joven explica que se negaron y finalmente denunciaron, pero sin éxito. “Tras la denuncia nos dieron fecha de juicio a un año de vista. Se suspendió y nos dieron fecha 13 meses después. Mientras tanto llegamos a un acuerdo judicial con los inquilinos que han incumplido, así que estamos a la espera de que el juez haga algo”, cuenta. 

Documentación falsa

“Yo me puedo considerar privilegiada porque alguna vez han pagado suministros y cada cuatro meses han ingresado una cuota de alquiler, pero llegaron a acumular una deuda de 1.500€ de luz y casi 500€ de agua. Para salvar esas deudas y cortes de luz falsificaron mi documentación, presentaron mi DNI caducado, falsificaron firma, y se hicieron pasar por mí por teléfono”, explica. 

La documentación falsa es común en estos casos. Una inquilina de Vélez-Málaga explica que le presentaron una nómina que más tarde pudo comprobar que era falsa. “Mi caso se resume en una familia portuguesa que alquiló un piso en septiembre de 2020 y dejaron de pagar a los 6-7 meses. Cuando entregaron la documentación me dieron una nómina de policía de Portugal. Al tiempo dijeron que no me podían pagar porque estaban mal económicamente, al parecer ninguno trabajaba y llevo un año y medio sin cobrar nada y haciéndome cargo yo de todos los gastos que genera el piso”, cuenta la malagueña.

“No sé a lo que se dedican ni de lo que viven, solo sé que no me pagan. Además, se han declarado vulnerables y el juez me ha mandado un auto diciendo que tengo que esperar hasta el 31 de diciembre por su certificado de vulnerabilidad. La justicia va muy lenta, no hace las cosas bien, los abogados se aprovechan y esto deja muy mal sabor de boca”, lamenta la inquilina.

El lento proceso es uno de los mayores baches para que los inquilinos recuperen su vivienda. “La justicia es excesivamente lenta, pero el Real Decreto 11-20 que lleva prorrogándose cada 6 meses durante 4 años y la actual ley de vivienda que sigue la misma filosofía ofrecen especial protección a cualquier persona que diga que es vulnerable, lo sea o no. Entra en un procedimiento burocrático en el que se aporta documentación, esa documentación se valora y los retrasos terminan beneficiando al okupa”, explica Óscar, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO). 

Esto lleva a que cada vez menos familias acudan a la justicia para resolver esta situación, y acuden a soluciones por vías extrajudiciales. “Es un arma de doble filo porque está produciendo coacciones por parte de los okupas para intentar sacar beneficio económico aprovechándose de esta circunstancia”, afirma Óscar. 

¿Cuánto se tarda en desalokar okupas?

Un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revela que el plazo para desalojar a okupas en España de media es de 20,5 meses. Para entender este periodo de tiempo, conviene desglosarlo en fases. 

El portal web de viviendas Idealista, mediante un informe que muestra que han incrementado estos tiempos, recoge que el periodo medio de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción de lo Civil se situó en 10,9 meses en 2022, frente a los 9,6 meses de 2021. A esos tiempos hay que añadir lo que tardan las apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales: en 2022 registraron una media de 9,6 meses, por encima de los 8,5 meses de los dos años anteriores y de los menos de 7 meses contabilizados en 2017 y 2018.

Zonas con más okupación

Según los datos manejados por Idealista, España cerró el pasado año 2022 con 16.726 okupaciones, lo que supone unos 46 casos de media al día, un 3,17% menos que en 2021, cuando marcaron máximos de los últimos seis años con 17.274. Respecto a 2023, solo constan los datos del primer temestre, pero ya son positivos, pues muestran un descenso del 11% menos de infracciones penales por ocupación ilegal de viviendas.

El Ministerio de Interior habla de unos 600 casos denunciados en Andalucía. Sin embargo, solo se contabilizan los casos denunciados, pues en muchos casos  no se denuncia y se recurre a soluciones extrajudiciales que no constan en las estadísticas. 

A nivel nacional, Andalucía ocupa la segunda posición en índices de ocupación y Málaga y Sevilla se encuentran en el ranking de las 10 provincias con mayores índices de okupación y más del 50% de okupación ocurrida en la comunidad autónoma. 

Según explica el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación, las zonas más comunes en Málaga son barrios humildes. “También se están dando casos como Marbella o zonas costeras donde las familias extranjeras y nacionales tienen segunda residencia, donde la okupación se realiza a través de mafias encargadas de tirar la puerta”, explica.