Abogados mutualistas piden al Gobierno el paso a la Seguridad Social de «todos» los afectados

Los abogados mutualistas de Málaga siguen avanzando en sus reivindicaciones para asegurarse que cuando les llegue el turno de jubilarse estarán sustentados por una pensión digna.

En los últimos meses ha habido avances al respecto, incluido el pronunciamiento del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que va desvelando cuál será el plan del Ejecutivo para solucionar la situación de los abogados y procuradores mutualistas de toda España, que calculan que percibirán una prestación por debajo de la pensión no contributiva cuando lleguen al fin de su carrera profesional, de entre 300 y 400 euros en algunos casos.

Una situación por la que ya están pasando abogados malagueños, que llegan a octogenarios «arrastrando la toga» y que no denuncian su situación «por vergüenza», como explican a este periódico las letradas Rocío Carrera, Nieves Fernández y Alicia García, miembros de la Asociación Nacional de afectados por la Mutualidad de la Abogacía (Anama) y del Movimiento J2, que exigen que se facilite el traspaso de la mutua al RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Tras meses de concentraciones, manifestaciones y contactos con el Gobierno, la ministra responsable de la cartera de Seguridad Social anunció hace unas semanas las medidas que pretende tomar el ministerio.

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Entre esas medidas, el Gobierno quiere que a partir de 2027 sea obligatorio que estos profesionales se integren «obligatoriamente» en el RETA, lo que supone eliminar la vía de la cobertura alternativa mediante una mutualidad, salvo en casos de pluriactividad.

Una opción, la mutualidad, que hasta 1995 fue obligatoria para los abogados y que en 2005 pasó de funcionar como un sistema de capitalización colectiva a individual, por lo que la aportación de cada mutualista no iba a un fondo común, sino que se acumulaba para garantizar su propia jubilación en un futuro. «Encargaron un informe, el informe Mercer, donde decía que nuestra jubilación, era un producto de alto riesgo y lo metieron en un cajón», critica Rocío Carrera.

Por otro lado, el Gobierno asegura que facilitará una «pasarela» al RETA para aquellos profesionales que se hicieran mutualistas antes del 2005 -el año del cambio en el funcionamiento de la mutualidad- y en «situación actual de vulnerabilidad», una medida que los letrados y procuradores celebran a medias porque exigen que la medida se aplique a «todos» los afectados.

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Tampoco comparten que se les defina como un colectivo «vulnerable» porque, aseguran, no llegarán a la Seguridad Social «con las manos vacías». «Nosotros nos vamos de la mutualidad a la Seguridad Social con nuestra hucha y te puedo asegurar que es muy grande, porque todos llevamos años pagando».

Por ello, los letrados sostienen que el traslado al sistema de cotización público es «sostenible» y «no pone en riesgo el sistema de pensiones». De hecho, Anama ha encargado ya un estudio actuarial y jurídico para defender ante el Ministerio de Seguridad Social que el cambio es viable.

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Por otro lado, Alicia García destaca que Hacienda grava hasta en un 42% el rescate del fondo de los mutualistas que, cumplidos los 67 años, deciden retirar su cuantía acumulada. «Tú tienes la opción, o bien de una renta vitalicia, con lo cual nos quedarían los 300, 400 euros aproximadamente. Sin embargo, si decides rescatar todo el fondo acumulado de ahorro que tienes, Hacienda te grava como rendimiento del trabajo personal y en función de los tramos, por ejemplo, si tienes 100.000 euros, se llevarían 42.000 euros».

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