El Málaga CF celebró en la mañana de este miércoles 29 de junio la Junta de Accionistas con la que puso punto y final al curso 2021/22. A ella acudieron  los miembros de la Asociación de Pequeños Accionistas Antonio Aguilera, Francisco Valverde y José Miguel Bandera, así como el consejero de Protocolo y Relaciones Institucionales del Club, Francisco Martín Aguilar. Asimismo, José María Muñoz ha actuado como representante de NAS FOOTBALL, S.L. y NAS SPAIN 2000, S.L..

El administrador judicial del club, José María Muñoz, fue el encargado de presidir una junta en la que actuaron como secretarios Rafael Paniza y Joaquín Almoguera como asesor jurídico (ambos del Despacho de GARRIGUES ABOGADOS), bajo la presencia notarial de Manuel Tejuca García.

"En la junta se han aprobado los siguientes puntos:

  1. Reelección de auditores para la elaboración de las cuentas anuales a los cierres de ejercicio a 30 de junio de 2022, 2023 y 2024.
  2. Aprobación de las operaciones de financiación en favor de la sociedad dominante para el pago de sus obligaciones corrientes por cuantía máxima de 100 000 euros.

Además, se informó de las aportaciones realizadas para la ampliación de capital efectuada durante el ejercicio 2010."

Francisco Valverde, abogado de la APA, pasó después por los micrófonos de Radio Marca Málaga para explicar sus impresiones sobre la junta. "Había 3 puntos en el orden del día. Se han analizado y votado. El tercero era sobre aquellas acciones que no aparecen legitimadas. El club nos ha informado sobre la situación en la que está". Ese tercer punto iba en referencia a la ampliación de capital que se efectuó en 2010: "Hay muchas personas que adquirieron acciones en la ampliación de capital de 2010. Esas personas vienen reivindicándose. Querían que eso se legitimaran, porque creen que son poseedores de esas acciones. El club ha dicho que no tienen el material necesario ni la capacidad legal para hacerlo. Nadie ha presentado nunca ningún tipo de reclamación. La duda se suscita porque esa ampliación se convoca, pero más tarde se anula. Las personas afectadas tendrían que haber impugnado esa anulación", argumentó.