El PSOE pide a la Junta que no externalice la residencia Tiempo Libre

El PSOE presentará el viernes en el pleno de noviembre una moción para pedir a la Corporación local que insta a la Junta de Andalucía a que rectifique su decisión de ceder en concesión a la iniciativa privada la gestión de la residencia Tiempo Libre, un complejo de 230 apartamentos con capacidad para cuatro personas cada uno en una de las mejores parcelas de Las Chapas para ofrecer alojamientos económicos a trabajadores de ingresos modestos o usuarios de programas públicos para conocer la región.

La formación socialista pedirá también en la propuesta que el Gobierno autonómico mantenga el servicio social de unas instalaciones que, en los últimos meses, ha perdido prestaciones como la cafetería o las cenas.

«Nos oponemos frontalmente a esta privatización debido a que entendemos que la finalidad de la misma es especular con el patrimonio público, tratándose además de una zona con unas condiciones inmejorables desde el punto de vista urbanístico», señaló ayer la portavoz socialista, Isabel Pérez.

La residencia, que este año ha abierto desde el 3 de abril hasta el 29 de septiembre, se construyó en la década de los años 60 del siglo XX y forma parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bien del Movimiento Moderno de la Provincia de Málaga.

Además de los bungalows, cuenta con una iglesia, zonas deportivas y verdes y alojamiento para el personal.

La Corporación municipal aprobó en la sesión plenaria de octubre una moción, también a propuesta del PSOE, para que la residencia albergara, en régimen de alquiler a precios asequibles, a profesionales sanitarios del Hospital Costa del Sol o docentes de los centros educativos de Marbella que tienen que renunciar a ofertas laborales al no poder hacer frente al coste de los alquileres de viviendas en el municipio debido, en buena parte, a la presión del turismo residencial.

Días después, la Junta anunció su intención de desprenderse de las seis residencias Tiempo Libre que gestiona en Andalucía al ser deficitarias.

Según el Ejecutivo regional, los complejos residenciales generan una pérdida de 15 millones de euros al año, por lo que reubicará a los cerca de 340 trabajadores y renunciará a gestionarlas.

El Gobierno local comprende la decisión de la Junta al entender que la residencia ha dejado de tener la utilidad con la que se concibió.

«La demanda que tenía la residencia era muy pequeña, por lo que las instalaciones no cumplían con la finalidad con la que se crearon», señala el portavoz municipal, Félix Romero.

El edil pide a la Junta que respete los derechos de los trabajadores de la residencia local.