El PSOE pide al juez García-Castellón que explique el papel de Muñoz en la trama sueca

El secretario de Organización del PSOE de Málaga y concejal en el Ayuntamiento de Marbella, José Bernal, instó ayer al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga una organización de ciudadanos de nacionalidad sueca que, presuntamente, se dedicaba al tráfico de drogas y blanqueo de capitales, que aclare las relaciones que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, pudiera tener con la supuesta red.

Bernal se preguntó por qué el magistrado acusa de terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en base a una llamada telefónica, mientras que no ve indicios de delito en las conversaciones telefónicas de la regidora o en los intercambio de correos electrónicos entre algunos de sus concejales con integrantes de la supuesta trama sueca.

Se da la circunstancia de que el marido de Muñoz, el empresario sueco Lars Broberg -fallecido en marzo-; y su hijastro Joakim Broberg, forman parte, supuestamente, de la organización.

"La policía cuenta con atestados que confirman que se han reunido en su propia casa capos del narcotráfico para cenar y llegar a acuerdos. Si ahí, el juez García-Castellón no ve ningún tipo de indicio... Pero sólo con una llamada cruzada ha encontrado terrorismo en Cataluña", señaló Bernal.

El responsable socialista pidió al magistrado que explique "por qué en unos sitios ve tanto y en otros, donde es claro y manifiesto, ve tan poco. Muchas explicaciones tiene que dar parte de la judicatura".

Bernal también pidió explicaciones a la regidora después de que, señaló, dos empresas investigadas por García-Castellón por supuestos delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico estén vinculadas a Muñoz.

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"Las dos sociedades alcanzaron contratos con el Ayuntamiento por importe de unos dos millones de euros. Son sociedades que sólo llegaron a acuerdos con el Ayuntamiento y no con ninguna otra institución", señaló el dirigente socialista.

"¿Por qué esos dos millones de euros fueron a parar a las dos sociedades de su hijastro?", preguntó Bernal.

Las peticiones de Bernal se producen después de que la Fiscalía solicite 22 años de cárcel para Joakim Broberg como uno de los presuntos jefes de la red que se encargaba de enviar droga al norte de Europa.

El fiscal señala a Broberg como autor de un delito contra la salud pública, relativo a sustancias que no causan grave daño, cometido en el seno de una organización criminal de la que sería "jefe".

Por ello, reclama 11 años de prisión; otro de cohecho, por el que interesa cuatro años; y uno de blanqueo de capitales, por el que solicita siete años.

Además, le pide una multa de más de 30 millones de euros.

Sobornos a un agente de policía

Joakim Broberg sobornó, presuntamente, a un agente de la Policía Local para obtener información privilegiada, según se desprende del relato acusatorio del fiscal en el que se le acusa de liderar una organización dedicada al envío de drogas al norte de Europa.

El fiscal mantiene que Broberg realizó entregas de marihuana desde España a Francia durante 2019 con la colaboración de otra persona implicada en el procedimiento.

El hijastro de la alcaldesa ejercía de jefe y se ocupaba de mantener contacto con proveedores y clientes, mientras que su colaborador realizaba entrevistas personales, seguimientos y servicios de lanzadera, según el escrito acusatorio.

Durante ese tiempo, Broberg tuvo contactos con un funcionario de la Policía Local que, presuntamente, "facilitó información restringida de uso exclusivamente policial, a cambio de dinero en efectivo".

El ministerio público señala que no se ha podido determinar el dinero ni la información que se intercambiaban en los encuentros, ya que lo hacían de forma personal para no dejar rastro.

El fiscal mantiene que Broberg, para facilitar la comisión de las actividades de ocultación del origen de los fondos con los que efectuaba sus actividades empresariales y de inversión, contó con la colaboración de su padre, Lars Gunnar Broberg, marido de la alcaldesa, que no fue enjuiciado en atención a los problemas de salud que derivaron en su fallecimiento en marzo del pasado año.