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Asencio Mellado

Vuelva usted mañana

José María Asencio Mellado

Catedrático de Derecho Procesal de la UA

Desórdenes públicos. Qué será lo próximo

Cualquiera que sea la justificación teórica de la necesidad de reformar el delito de sedición, no injustificada absolutamente, es inevitable tomar en consideración ciertos datos que ponen en duda las razones que el Gobierno ofrece para proceder ahora, en este preciso momento, a este radical cambio legal. La forma y procedimiento prescindiendo de los informes del CGPJ y del Consejo de Estado, la ausencia de un debate público de fondo y el rechazo a un acuerdo con la oposición cuando estamos ante un asunto de Estado, impiden acercarse a la decisión gubernamental sin la debida prevención. Se ha roto el pacto constitucional y dividido España en dos bloques enfrentados en un asunto que no puede ser objeto de confrontación entre los grandes partidos, sino, por el contrario, de consenso. Ciertas materias no pueden devaluarse y someterse al interés electoral, porque forman parte de la estructura misma del Estado.

La causa de la reforma es y solo puede ser un pacto político que garantice a Sánchez su permanencia en el Gobierno. No es, vista la propuesta y sus efectos, solución alguna a un conflicto cuya causa no es el PP como afirma el presidente en su delirio permanente por recuperar las dos Españas, sino el independentismo que vulneró la ley. La despenalización de hechos contrarios a la Constitución no sirve para remediar el problema, sino, al menos como hipótesis o amenaza permanente, para allanar el camino a quienes quieran volver a intentarlos. No hay relación alguna causa efecto entre una cosa y otra desde la lógica.

Desjudicializar no puede consistir en no penar delitos graves, atentados contra el orden constitucional o condonar los ya cometidos. Eso no es desjudicializacion, sino favorecimiento de la impunidad y concesión de licencia para delinquir sin control de los tribunales, sin sumisión a ley alguna y concediendo a la clase política poderes propios de las dictaduras.

Leer la proposición de ley que presentan el PSOE y UP, causa cierta desazón. No se pretende en modo alguno homogeneizar nuestra legislación con la europea, no es cierto, donde los hechos que atentan a la unidad del país al margen de la ley se reprimen con dureza.

Es algo aceptado que los tipos penales en vigor tenían como objeto reprimir los golpes de estado clásicos, tipo Tejero o Espartero y que la sedición necesitaba de mayores precisiones. Modificar los tipos era necesario para sancionar los golpes al sistema no violentos o institucionales. Pero lo que han hecho el PSOE y UP nada tiene que ver con esa necesidad. Por razones de conveniencia han equiparado un atentado contra la Constitución y la unidad de España proveniente de un gobierno autonómico, con una algarabía de antisistemas fanáticos y beodos. Será igual declarar la independencia, no cumplir las leyes, declararse en rebeldía frente al Estado, que, por ejemplo, algunos chiflados atenten contra la paz ciudadana saliendo a la calle con violencia –normal en estos tiempos-, pidiendo que la litrona sea repartida gratis por el Gobierno.

La reforma tendrá muchas consecuencias, algunas de hondo calado, en las condenas, en las imputaciones y en la posición española en Europa. Muy difíciles de concretar, pues el tipo redactado, ajeno a la sedición, puede convertir lo juzgado en atípico y generar el efecto de una absolución. La propuesta es tan distinta del delito suprimido y de la condena impuesta que no es descartable la simple y pura absolución de los condenados y los prófugos. Muy posiblemente, de prosperar la propuesta, lo sucedido en 2017 podría no ser delito en términos generales. Porque no sería delito convocar un referéndum, ya no lo es y tampoco proclamar la independencia y declararse rebeldes ante la ley y las instituciones españolas. Solo los actos violentos que hubieran perturbado la paz, en los que los líderes del ‘procés’ no participaron directamente.

Con absoluta certeza, España será condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar las penas impuestas desproporcionadas. La misma propuesta gubernamental allana el camino al TEDH y lo afirma expresamente, acreditando Sánchez que desea dar un certero golpe a la autoridad de nuestro Tribunal Supremo. Su soberbia carece de límites y su sentido de la institucionalidad es nulo.

De igual modo, las órdenes de detención europeas perderán su valor y será difícil volver a emitirlas.

Y, en fin, hay quien dice –y es posible-, que la malversación tampoco sea aplicable. Lo que se suma a que ya se ha aceptado el aval público de las responsabilidades civiles de los condenados. Malversan caudales públicos y se paga lo malversado con dinero público. Doble gasto. En todo caso, la malversación se va igualmente a reformar para beneficio de independentistas y PSOE (Griñán). La izquierda moderna no delinque y si lo hace, se modifica la ley o se menosprecia a los tribunales que osen discutir tal dogma.

El Estado puede ofrecer soluciones que sirvan para avanzar. Y el indulto lo era, aunque respondiera a razones en exceso particulares. Superar el pasado es siempre positivo, pero con la vista puesta en el futuro. Lo que ahora se hace no tiene como fin, ni siquiera si se legisla en favor de una consulta, ofrecer soluciones al conflicto en un marco de sumisión a la legalidad. La reforma de Sánchez se limita a despenalizar la ilegalidad, a no penalizar el levantamiento no violento contra el Estado.

La suerte que tenemos es que el propio independentismo tiene miedo a una consulta que pudiera ganar, pues el abismo de una posible independencia les aterra. No han perdido el orate y saben sacar beneficio de sus proclamas. Poco a poco serán independientes de hecho, pero sin irse.

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