La Justicia, al peso

Cualquiera de ustedes, queridos lectores, que haya tenido la suerte, buena o mala, según el caso, de haber acudido a un juzgado, seguro que ha contemplado sorprendido la enorme cantidad de montañas de papel que se alzan en su interior. Mesas cubiertas de expedientes, que ni siquiera permiten reconocer el rostro de quienes se sientan tras ellas. Pasillos que más bien parecen pistas preparadas para el inicio de una carrera de obstáculos. Y, cómo no, despachos diseñados como multiusos que, paradójicamente, desde su inauguración, se han utilizado sólo para una cosa: acumular expedientes.

Es cierto que el proceso de informatización de los juzgados y tribunales avanza cada día más, pero sigue siendo demasiado lento y, lo que es peor, inexistente en muchos lugares. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la Agencia Tributaria, donde todo va sobre ruedas y las modernas aplicaciones informáticas permiten controlar hasta el último céntimo perdido en el bolsillo de los contribuyentes. Un claro indicio de las preferencias de los Ejecutivos, de su interés por la recaudación de impuestos y de su desinterés por el funcionamiento de la justicia.

Juzgados sobrecargados. Salarios, no sólo los de los jueces y magistrados, sino también los de los funcionarios de justicia, que llevan años sin actualizarse. Una ratio de jueces y fiscales por habitante que dista mucho de la media europea (11,24 jueces y 5,37 fiscales por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es de 17,60 jueces y 11,10 fiscales por cada 100.000 habitantes). Medios materiales insuficientes y defectuosos que dan problemas de forma demasiado frecuente. Y muchas más dificultades, que han llevado a la huelga, durante este año, a gran parte de los operadores jurídicos españoles.

Pero, a pesar de todo lo expuesto, del abandono culpable de la justicia por parte del poder político, los juicios continúan celebrándose y los procedimientos, tramitándose, de la mejor manera que, habida cuenta las circunstancias, se puede hacer.

Ahora bien, para que todos sepan cómo funciona la administración de justicia, de un tiempo a esta parte, la calidad de las resoluciones judiciales ha dejado de ser un criterio relevante a los efectos de la valoración del trabajo de los jueces y magistrados. Y es que, dos veces al año, en enero y en julio, el Consejo General del Poder Judicial solicita formalmente a todos los titulares de los juzgados y tribunales que cumplimenten un formulario, llamado “declaración de la actividad”, necesario para el cálculo de las retribuciones variables.

El diseño es, cuanto menos, llamativo, pues con arreglo a criterios aleatorios, elaborados por quien sabe quién, se atribuye un valor temporal, que luego se convierte en porcentual, a cada tipo de resolución judicial. Las sentencias de conformidad, 1 hora. Las sentencias sin conformidad subsumibles en delitos contra las relaciones familiares, 2 horas y 15 minutos. Las que versen sobre delitos de lesiones, 3 horas. Las medidas cautelares en cualquier tipo de delito, 45 minutos. Y así sucesivamente.

Es decir, que lo único que cuenta es dictar muchas sentencias y muchos autos, aunque su contenido deje mucho que desear, aunque consistan en un copia pega de otras resoluciones anteriores, sin importar que el caso en cuestión, como todo el mundo seguro entiende, pueda ser más o menos complejo, independientemente del tipo de delito que se enjuicie. Todo esto es irrelevante. Mucho, es bueno siempre. Hay que sacar papel.

La diabólica idea que fundamenta este sistema, que se repite hasta la saciedad por unos y por otros, es la de “productividad”. Es necesario ser productivos, en el sentido, por supuesto, de ser eficientes. La palabra preferida del legislador de los últimos tiempos, utilizada en cada página, incluso en el título, de la mayoría de las nuevas leyes que se proponen y, en muchos casos, se aprueban. La Ley de Eficiencia Organizativa, la Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de la Justicia, etc.

Productividad y eficiencia. Eso sí, sin medios, ni personales ni materiales. Una justicia europea con medios africanos. Y la culpa, cómo no, es siempre de los mismos, de quienes trabajan en los juzgados y tribunales, contra los que se lanzan soflamas una y otra vez para tratar de encubrir la triste realidad, que el poder político, aunque intente disimularlo, quiere una justicia que no funcione demasiado bien, una justicia que sea lenta e ineficaz.

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