El negacionismo sanitario abandera la privatización de la sanidad en España

Va en contra de la evidencia científica, pero es altamente rentable en términos electorales

Manifestación convocada por el sindicato Amyts el pasado 21 de diciembre en Madrid, en apoyo de la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria.

Manifestación convocada por el sindicato Amyts el pasado 21 de diciembre en Madrid, en apoyo de la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria. / EFE

EDUARDO COSTAS (científico) y EDUARDO MARTÍNEZ (periodista científico)

En España, el negacionismo sanitario ha pasado a formar parte de la cultura política que abandera la privatización de la sanidad a expensas de la sanidad pública, en contra de cualquier evidencia científica. Lejos de ser un suicidio político, resulta altamente rentable en términos electorales. Con un importante impacto en la esperanza de vida de todos nosotros.

El negacionismo, que ya tiene una amplia gama de manifestaciones, como del cambio climático, de la pandemia COVID 19 o de la violencia de género, ha tomado una nueva forma que podemos llamar negacionismo sanitario.

Se basa en la negación de la evidencia científica sobre la importancia social de disponer de una sanidad pública y potente, que dé cobertura a la población de un país, porque esa es la mejor garantía frente a posibles pandemias y otras potenciales crisis de salud, así como la mejor forma de preservar las condiciones sociales que favorecen el mejor estado de salud en una población, tal como acreditan numerosos estudios.

Sin embargo, lo que estamos observando en las últimas décadas es el progresivo deterioro de la salud pública en Europa y de una manera particular en España, debido a políticas que pretenden reforzar la sanidad privada a costa de la sanidad pública.

Desmantelando lo público

En nuestro país, el negocio potencial generado alrededor de la sanidad es tan grande que, pese a la feroz defensa que numerosos profesionales y usuarios hacen de nuestra sanidad pública, muchos políticos llevan años desmantelando poco a poco el sistema sanitario español, un sistema que según los expertos fue en un tiempo el que consiguió mejores resultados del mundo con menos dinero invertido: nos proporcionó a todos una enorme esperanza de vida.

En la sanidad pública hay mucho dinero en juego y la tentación de privatizarla es enorme. Muchos especuladores no están dispuestos a renunciar a lo que consideran su parte del pastel. Y las recompensas electorales para los políticos que consigan privatizarla pueden llegar a ser ingentes. Ante eso poco importa que se siga incrementando la desigualdad en perjuicio de la seguridad sanitaria.

A priori cabría pensar que desmontar un sistema de salud pública como el español es un suicidio electoral. Evidentemente la vida es el bien más preciado que tenemos y los expertos estiman que un sistema de salud totalmente privatizado como el norteamericano nos costaría alrededor de 8 años menos de esperanza de vida. Pero buena parte de la gente no piensa ni vota así.

Andalucía y Madrid marcan el camino

El ejemplo más reciente de estas políticas lo protagonizó la Junta de Andalucía a principios de este año, cuando abrió la puerta a concertar la atención primaria pública con la privada y a que los médicos de la privada realicen incluso actividades en hospitales públicos. La medida no se ha aplicado todavía, pero pone de manifiesto el vuelco que pretenden estas políticas que son ajenas a la evidencia científica.

Otro ejemplo no menos significativo de estas políticas lo protagonizó la Comunidad de Madrid, que durante los últimos años ha sido un excelente laboratorio de ideas sobre cómo privatizar la sanidad pública minimizando el coste en votos.

Brusco retroceso

La privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid es un proceso que se ha desarrollado especialmente desde la llegada al poder del Partido Popular en 1995.

Según diversos informes y estudios, Madrid es una de las regiones que más ha recortado el gasto sanitario público, que más ha reducido las plantillas de profesionales, que más ha externalizado servicios y centros sanitarios y que más ha destinado fondos públicos a la contratación con entidades privadas.

Estas políticas han generado críticas y protestas por parte de los sindicatos, las asociaciones de usuarios, los colectivos profesionales y la oposición política, que denuncian el deterioro de la calidad y de la equidad del sistema sanitario público madrileño, así como su vulnerabilidad ante situaciones de crisis como la pandemia de la COVID-19.

Evidencia pandémica

Durante la pandemia, el Gobierno de la Comunidad de Madrid envió a las residencias y centros sanitarios un protocolo para evitar que los ancianos enfermos con alto nivel de dependencia o deterioro cognitivo, con independencia de que tuvieran o no la covid-19, fueran derivados a hospitales.

Ahora, científicos de la prestigiosa Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal, han demostrado en un artículo publicado en la revista Epidemiología, que aquellos protocolos negacionistas, elaborados sin ninguna base científica, tuvieron como consecuencia que la tasa de mortalidad por Covid-19 en estos ancianos se disparase hasta el 47%, cuatro veces más que en las otras comunidades que no siguieron esta normativa.

Peor que ETA

Se estima que esta nefasta decisión costó 7.600 muertos evitables (unas nueve veces más muertos de los que produjo ETA en toda su historia).

El Gobierno regional ha negado que estos protocolos fueran vinculantes o que se aplicaran de forma generalizada, y ha atribuido la situación a la falta de recursos y a la saturación del sistema sanitario.

Sin embargo, algunos ex altos cargos del Gobierno regional han reconocido que estos protocolos existieron y que fueron contrarios a los derechos humanos. La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar los hechos y determinar las responsabilidades penales.

Negacionismo sanitario

No es la primera vez que actitudes negacionistas por parte de dirigentes políticos confunden a la sociedad con motivo de la privatización de la sanidad pública.

Ocurrió también en la comunidad de Madrid cuando el consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre desde 2003, Manuel Lamela, empezó un complot de desprestigio contra la sanidad pública en la figura del Dr. Luis Montes.

El Dr. Montes, especialista en Anestesia y Reanimación, tuvo una brillantísima carrera en la que llegó a ser director médico del Hospital La Paz de Madrid, jefe del Servicio de Reanimación del Hospital Severo Ochoa de Madrid y director Hospital Severo Ochoa de Leganés, del que fue también coordinador de urgencias.

El Dr. Montes pasó por lo peor que puede pasar un médico a nivel profesional: fue acusado de mala praxis en sus sedaciones a enfermos terminales. Todo se hizo a partir de 2 denuncias anónimas (como en los tiempos de la Inquisición). Fue cesado fulminantemente por Lamela basándose en un informe de la Consejería de Sanidad donde “se identifican” 73 casos de sedación realizados de forma incorrecta entre el 1 de septiembre de 2003 y el 8 de marzo de 2005.

Una política que todavía perdura

Inmediatamente el Dr. Montes sufrió el acoso de una campaña falsa en los medios de comunicación capitaneada por Miguel Ángel Rodriguez (entre otras cosas ex-director de comunicación del PP, asesor de José María Aznar, y actual jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso).

A sabiendas de que mentía vertió sus calumnias contra el Dr. Montes, que pasó por un infierno. Muchos pacientes exigieron no pasar por sus manos. Años más tarde los tribunales dieron la razón al Dr. Montes. Nunca realizó mala praxis. El informe que Lamela presentó contra él no se sostenía.

Miguel Ángel Rodríguez fue condenado en firme el día 25 de abril de 2011 por un delito continuado de injurias graves realizado con publicidad contra el Dr. Montes.

Multa e indemnización

Debió pagar una multa de 30 euros diarios durante once meses y fue condenado a indemnizar con 30.000 euros al Dr. Montes por un delito de injurias continuado al referirse a él con el término "nazi" en televisión. Las cadenas que lanzaron las injurias tuvieron que responder solidariamente con la indemnización. Así quedó todo. El Dr. Montes falleció de un infarto en 2018.

Manuel Lamela y Miguel Ángel Rodriguez son los que inauguraron una nueva política que todavía perdura: tratar extremadamente mal a los médicos, dejándoles cada vez con menos poder y capacidad de decisión en la sanidad. Ahora mandan en los hospitales gerentes con criterios políticos, tal como han denunciado los profesionales sanitarios.

Huelga de médicos en Catalunya el pasado enero.

Huelga de médicos en Catalunya el pasado enero. / FERRAN NADEU

Sin médicos

Mientras, hemos asistido a numerosas manifestaciones multitudinarias, huelgas durísimas y protestas masivas en defensa de la sanidad pública, al mismo tiempo que la OMS nos advierte: el maltrato a los médicos hace que cada vez más médicos españoles se vayan a ejercer al extranjero y que, dentro de España, cada vez más especialistas abandonen la Comunidad Autónoma de Madrid.

Ya no hay suficientes médicos en nuestro país y el problema se acrecienta a marchas forzadas. Poco a poco son sustituidos por médicos con muchas menos posibilidades de defender sus derechos (y -todo hay que decirlo- en ocasiones con más baja experiencia profesional). Son los médicos que no podrán luchar frente a la privatización.

Peor para la salud

otro artículo

Como decíamos entonces, vale la pena pensar bien qué modelo de sanidad queremos. Un modelo de sanidad privada como el norteamericano, al que nos quieren llevar, nos costaría unos 10.000 euros al año. Hoy en España es de 2,594€ (próximo a la media europea). A cambio viviríamos 5 años menos y unos pocos se harían más ricos… gracias a nuestros votos.

Referencias 

Restrictions on Hospital Referrals from Long-Term Care Homes in Madrid and COVID-19 Mortality from March to June 2020: A Systematic Review of Studies Conducted in Spain. María-Victoria Zunzunegui et al. Epidemiologia 2023, 4(2), 176-187. DOI:https://doi.org/10.3390/epidemiologia4020019

Britnell M. (2015). In Search of the Perfect Health System. London: Palgrave. p. 17. ISBN 978-1-137-49661-4. 

Health spending. OECD Health Data. 2022.

Ikegami Naoki et al (2011). The Lancet 378. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60828-3

MacDonald J. S. et al (2001). New England Journal of Medicine 345: 725-30. doi:10.1056/nejmoa010187

Rico M. 2020. Los seis documentos que demuestran que Ayuso miente sobre la orden de no trasladar enfermos de residencias a hospitales.

Sakuramoto S et al (2007). New England Journal of Medicine 357: 1810-1820. doi:10.1056/nejmoa072252

The Business of Health Care in the United States. Harvard Online June 27, 2022

Otros artículos de esta serie:

[object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object]