El Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, reclamó ayer a las administraciones una vuelta a las aulas «presencial, segura y responsable», como garantía del derecho de la educación, y apeló al consenso y responsabilidad de toda la comunidad educativa.
Asimismo, reconoció la complejidad de la situación por la pandemia y recordó el deber de garantizar el derecho a la educación para que «no se incrementen las desigualdades existentes».
«La asistencia a las aulas no solo es necesaria para satisfacer el derecho a la educación, es también un medio para la realización de otros muchos derechos imprescindibles en el desarrollo integral del alumnado», explicó.
Con motivo del inicio del curso, Maeztu informó de que considera imprescindible tratar de alcanzar el equilibrio entre las medidas para la seguridad y protección a la salud en los centros educativos con el desarrollo del derecho a la educación.
Por ello, consideró urgente que las administraciones cumplan con todas las medidas aprobadas para garantizar la seguridad y protección a la salud en los centros educativos.
«No es posible el ejercicio del derecho fundamental a la educación sin unas mínimas condiciones de salud para los alumnos y alumnas», advirtió.
Una vez más, recordó que la Institución del Defensor se ha comprometido a vigilar y realizar un «estricto seguimiento» de todas y cada una de las medidas que sean necesarias implantar en los centros docentes de Andalucía.
Desde el comienzo de esta crisis sanitaria, el Defensor de los Menores se ha interesado por el impacto que la suspensión de actividad docente presencial ocasionó en el alumnado.
