El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), anunció ayer en Granada que su Gobierno no descarta acudir a los tribunales si se produce un «menoscabo» en los recursos para Andalucía en el reparto que el Ejecutivo nacional haga de los fondos para la recuperación procedentes de la Unión Europea.

En declaraciones a los periodistas en Granada, Moreno, preguntado sobre el hecho de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya anunciado que llevará a los tribunales el reparto «arbitrario» de los fondos europeos por parte del Gobierno central, advirtió al Ejecutivo nacional de que Andalucía «no va a permitir desde ningún punto de vista ningún menoscabo de recursos» y en consecuencia, no se descarta «utilizar la vía judicial para la defensa de los intereses» de esta tierra y de los andaluces.

«Creo sinceramente que no se están haciendo bien las cosas con estos fondos, ya que no hay transparencia ni una información que sea directa y no hay cogobernanza alguna con las comunidades autónomas y eso al final nos lleva, sin lugar a dudas, a que no podamos aprovechar al cien por cien esos fondos», expresó Juanma Moreno.

Aprovechó para recordar que Pedro Sánchez trasladó a la comunidades autónomas en una Conferencia de Presidentes que el 50 por ciento de esos fondos iba a ser territorializado, pero finalmente esa territorialización «que llega a las comunidades es de en torno a un 33 por ciento, lo que fue ya una primera decepción».

Según añadió, la segunda «decepción que tenemos es ver el reparto que se está haciendo de esos fondos». Quiso dejar claro que tiene la obligación como presidente andaluz de defender hasta «el último céntimo de euro que corresponde a los andaluces»: «Eso lo vamos a ejercer con la máxima lealtad siempre, pero al mismo tiempo con una determinación implacable para que no se pierda ni un recurso».

Por su parte, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, también anunció ayer la posibilidad de que la Junta de Andalucía acabe acudiendo a los tribunales para reclamar lo que corresponda a esta comunidad frente al reparto «arbitrario y opaco» que está haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez de los fondos.