Un constructor niega ante el tribunal que juzga el caso Astapa que pagara a cambio de una licencia

Un constructor que declaró ayer en calidad de testigo negó al tribunal que juzga el caso Astapa, contra la corrupción política-urbanística en Estepona, que pagara para que le concedieran una licencia. El juicio se reanudó en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial con el bloque relativo a los pagos y contraprestaciones por la concesión de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Estepona.

El fiscal mantiene que en el Ayuntamiento de Estepona, antes y después de las elecciones de 2007 hubo ocasiones en que por decisión del alcalde y de su jefe de gabinete, José Flores, «se supeditó la concesión de licencias al pago de gastos o eventos municipales o de deudas electorales o favores de tipo personal». Anticorrupción sostiene que se presionó en particular a empresarios interesados en adelantar la entrega de promociones inmobiliarias, que para ahorrar gastos de financiación o evitar pérdidas económicas entraban en contacto con Flores con la pretensión de que se les liberara de algún trámite o requisito técnico.

El fiscal preguntó al constructor sobre una donación de casi 50.000 euros al Ayuntamiento o a la residencia de ancianos para pagar una deuda acumulada de electricidad y señaló que no hubo «ninguna relación» de este pago con la concesión de una licencia de primera ocupación ni lo vio condicionado a la misma. También declaró un funcionario, entonces técnico de Infraestructura, que rechazó que recibiera presiones por parte de cualquier responsable o superior suyo. El empleado municipal aseguró que no le metieron prisa para hacer informes sobre una promoción concreta y que no habló de la misma con ningún responsable municipal. «Nadie me presionó para arreglar esa promoción», insistió sobre la elaboración de informes, dos desfavorable y uno a favor. Además, dijo no recordar que unos expedientes fueran más importantes que otros. También estaba previsto que declarara por vídeoconferencia el que fuera gerente de Urbanismo tras explotar el caso Astapa y una vez que David Valadez accedió a la alcaldía, pero no fue posible la conexión, por lo que el tribunal ha determinado que tendrá que comparecer presencialmente el 24 de abril. En este bloque, el segundo que se está enjuiciando, hay catorce procesados, entre ellos el exalcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos, el jefe de gabinete, José Flores, el arquitecto municipal, Arturo Manuel Cebrián, y siete empresarios, entre otros.

Otro de los acusados en este bloque es el que fue concejal de Hacienda, Manuel Reina, que militaba en el Partido de Estepona (PES) y el pasado enero admitió en una carta algunos de los hechos por los que está procesado y presentó a través de su abogado un escrito de conformidad acordado con la Fiscalía, que supone aceptar una pena de dos años y medio de prisión. El juicio está dividido en diez bloques, como ya se hizo con el caso Malaya, sobre la corrupción en Marbella, fórmula que ayudó a agilizar este macroproceso en el que, debido al número elevado de acusados y partes personadas en el procedimiento, se complica el desarrollo de la vista oral.