La candidata a la Alcaldía de Málaga de la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha propuesto poner en marcha "un programa de ayudas al alquiler para gente joven que, con una dotación de 120 millones de euros a lo largo de todo el mandato, garantizará el acceso a la vivienda a 20.000 jóvenes malagueños".

Morillas se ha comprometido a que "a partir de próximo 28 de mayo las malagueñas y los malagueños puedan acceder a una vivienda a unos precios asequibles, no es de recibo que el ayuntamiento haya estado funcionando durante los últimos años como si fuese un promotor inmobiliario".

"Es intolerable que en Málaga haya más viviendas turísticas que viviendas protegidas públicas en régimen de alquiler social que puedan atender la demanda existente"

"Es intolerable que en Málaga haya más viviendas turísticas que viviendas protegidas públicas en régimen de alquiler social que puedan atender la demanda existente", ha apostillado.

Por otro lado, otra propuesta "clave" es que "en todos los distritos haya oficinas municipales de acceso a la vivienda, un recurso público que acompañará a la gente trabajadora para acceder a una vivienda e intervendrá en la bajada de los precios".

"Pondremos todos los recursos municipales en favor del derecho a la vivienda, se va a acabar la barra libre a los fondos buitres y la especulación en Málaga", ha explicado.

Por su parte, el candidato número 2, Nicolás Sguiglia, ha avanzado que "vamos a abrir en los once distritos de la ciudad oficinas por el derecho a la vivienda que brinden información, asesoramiento y servicio de intermediación a la vecindad para que accedan a las ayudas municipales, a viviendas asequibles y para evitar los desahucios sin alternativa habitacional". "Hace falta un ayuntamiento presente en los barrios", ha afirmado.

En este punto, Sguiglia ha incidido en que "la vivienda es el principal problema que sufre Málaga, por ello es urgente decidir entre la actual ley de la selva o una regulación democrática que garantice el derecho a la vivienda. Son necesarias políticas públicas desde un ayuntamiento decente en favor del interés general", ha concluido.