La Plataforma en Defensa del Transporte, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas de ámbito nacional que convocó el paro del pasado mes de marzo, ha anunciado una nueva parada indefinida a partir de la medianoche del domingo al lunes. El colectivo denuncia el "incumplimiento" por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector, y acusa al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de desautorizar a la Guardia Civil en su tarea de control de estas irregularidades. La delegada de esta plataforma en la provincia de Málaga, Marina Ramírez, ha confirmado a este periódico que sus integrantes se sumarán al paro y detendrán toda su actividad.

"Hay una Ley de la Cadena de Transporte, pero la realidad es que no hay manera de aplicarla porque el Ministerio le ha dicho a la Guardia Civil que ellos no tienen que hacer el control, sino los inspectores de transporte que ellos pongan. Y la consecuencia es que, de momento, nadie lo está haciendo", apunta Ramírez. La plataforma asegura que esta falta de control efectivo sobre las cartas de portes está siendo aprovechada por los cargadores para imponer tarifas que obligan a los transportistas, en muchas ocasiones, a trabajar "a pérdidas". Como ejemplo, afirma que un porte entre Córdoba y Valencia se está pagando a 400 euros cuando sólo el precio de la gasolina necesario para hacer el trayecto, a los precios actuales, superaría los 500 euros.

Ramírez añade que tampoco el descuento de 20 céntimos aplicado desde hace meses al carburante está suponiendo un alivio para los autónomos del transporte ya que, según explica, el problema del sector estriba en las empresas intermediarias y las grandes operadoras, que se quedan con una gran parte de las ganancias y minimizan los ingresos que se le quedan al transportista final.

La representante de la plataforma asegura también que los autónomos transportistas no denuncian administrativamente estas situaciones por el temor a que las empresas cargadoras "les pongan una cruz y no los llamen más". Ramírez espera que en Málaga sean al menos "cientos" los profesionales del sector que se sumen al nuevo paro convocado. Los integrantes de la Plataforma para la Defensa del Transporte afirman no sentirse representados por las grandes empresas integradas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), y que son las interlocutoras habituales del Gobierno.

Convocatoria a nivel nacional

El presidente nacional de la Plataforma para la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, ha dado a conocer este lunes el resultado de la votación que han llevado a cabo este fin de semana en sus delegaciones provinciales sobre la reanudación del paro. El pasado sábado, sus delegados provinciales mantuvieron una reunión en la que analizaron la situación actual del sector, tras las medidas aprobadas por el Gobierno en consenso con las organizaciones mayoritarias de transportistas, que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Entre estas medidas, destaca la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos, la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte o las ayudas al abandono de la profesión.

Sin embargo, la Plataforma ha seguido denunciando el "incumplimiento" por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector. Por ello, los delegados decidieron reanudar los paros, una decisión que este fin de semana se ha votado y que ha sido refrendada por los miembros de la Plataforma.

"La Administración debe reaccionar rápido y afrontar lo que está por venir", ha señalado Hernández en rueda de prensa este lunes, quien ha puesto el acento en que los autónomos que integran el sector no tienen capacidad en estos momentos para afrontar el incremento de costes, que son un 30% superiores. "Estamos pagando un 40% menos de salario a nuestros conductores, haciendo seguros que cubran lo mínimo imprescindible por no poder costear los importes que nos exigen", ha denunciado.

Para Hernández, los "pequeños desajustes" en el cumplimiento de las medidas acordadas con el Gobierno "son muertes laborales", y a este respecto ha cifrado entre 200 y 250 la cifra de empresas que se ven obligadas a cerrar cada mes.

"No tenemos tiempo. Cada día que pasa se producen tragedias empresariales, pero también familiares, porque está llegando a haber casos de suicidios", ha advertido.

La cadena alimentaria pide garantizar abastecimiento ante paro del transporte

Las principales organizaciones que conforman la cadena alimentaria y la hostelería han reclamado este lunes seguridad y garantías para el abastecimiento de productos y materias primas ante el paro convocado a partir del domingo por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías.

En un comunicado conjunto, han exigido evitar que se repitan las "graves incidencias y episodios violentos" que afectaron al buen funcionamiento de la cadena alimentaria durante el paro del transporte de mercancías en la pasada primavera.

El documento ha sido firmado por las organizaciones agrarias COAG y UPA, así como las asociaciones empresariales Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Cooperativas Agro-alimentarias de España, la patronal de la industria alimentaria FIAB y las de restauración -Hostelería de España y Marcas de Restauración-.

Han recordado que en el anterior paro se impidió la libre entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas, una situación que dificultó la recogida de mercancías indispensables para el funcionamiento de la cadena alimentaria. Ante la nueva convocatoria, han solicitado que se garantice la seguridad y el derecho al trabajo de todos aquellos transportistas que no quieran secundar el paro.

Han abundado en que este nuevo paro llega en un momento complicado para la cadena alimentaria ya "gravemente tensionada" por el complejo escenario internacional y en el impacto para las pymes del sector y el "grave perjuicio" para el consumidor "en caso de prolongarse".

La cadena alimentaria ha reiterado su carácter "esencial y estratégico" por lo que pide al Gobierno "medidas que garanticen el buen funcionamiento de la cadena alimentaria y el abastecimiento de alimentos y bebidas al conjunto de la población en cualquier situación, por muy excepcional que esta sea".