El dueño del negocio de alquiler de coches bajo el viaducto de la MA-23 en San Julián, el acceso sur al Aeropuerto de Málaga, ha defendido su legalidad y ha negado cualquier tipo de irregularidad, frente a las críticas del grupo municipal socialista y vecinos de San Julián que en este periódico consideraron que era ilegal.

En declaraciones a La Opinión ha informado de que el aparcamiento funciona como almacén de su negocio de alquiler de vehículos, sin que exista «entrada o garita porque no es un aparcamiento público es un almacén privado de vehículos». Además resaltó que «ni uno solo de mis coches está en la vía pública, no estoy importunando a los vecinos de San Julián sino que me gasto el dinero para que estén en propiedad privada».

El propietario de esta empresa detalló que el parking se encuentra en tres parcelas privadas, la primera de ellas es de su propiedad, por la segunda paga un alquiler y en la tercera cuenta con derecho de uso concedido por sus propietarias hasta final de año, «por haber limpiado de coches particulares el terreno porque allí había coches desguazados que los dejaban los talleres y probablemente lleguemos a un acuerdo para un alquiler».

Además, explicó que era un terreno donde se aparcaba de manera gratuita y también se depositaban escombros. «De ahí salieron doce cubas de escombros», indicó.

En relación con su terreno detalló que tenía proyectado levantar cinco naves pero cuando el Ministerio de Fomento le expropió la parcela para el acceso al aeropuerto, se encontró con la sorpresa de que legalmente sólo le expropiaban e indemnizaban por una pequeña área alrededor de los pilares del viaducto.

Con este tipo de expropiación considera que le «trituraron las cinco naves, igual que hicieron al resto de los propietarios». Por este motivo, explicó, «lo que mis abogados le dicen a Fomento es que si no quieren expropiar y eso ha quedado muerto, a lo que por lo menos el propietario tiene derecho es al derecho de uso, porque no puede ser que se quede con el terreno triturado y sin poder hacer nada con él». En este sentido, resaltó que la única alternativa para explotar esas parcelas privadas era la del aparcamiento.

Con respecto a la información que dio la propia concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, de que no existía licencia de su área en relación con este negocio reiteró que se trata de un terreno privado que funciona como almacén e informó de que paga «7.200 euros al año de impuesto de basura cuando no genero basura alguna».

 El dueño de la empresa respondió a las críticas vecinales por riesgo de incendio y recalcó que «los terrenos están asegurados en su contenido y continente y los seguros me han obligado a poner vigilancia, cámaras, carros contraincendios y extintores, aparte de un hidrante que llega a todas las campas».

También respondió a las críticas por la presencia de rocas en la curva de la carretera remarcando que «es un terreno privado», las rocas impiden la entrada de camiones y no es de su competencia instalar quitamiedos.

Los pilares de Fomento

Con respecto al metro de distancia que debe guardar alrededor de los pilares, según Carreteras, que como informó La Opinión, ha iniciado actuaciones previas a un expediente sancionador, respondió que «jamás me ha llegado una carta» con esta información y subrayó que ya había delimitado con conos «no uno sino dos metros» de circunferencia para preservar los pilares. Por último, confió en que estos datos, «que están documentados», le permitan desarrollar un trabajo que da empleo «a 46 personas».