La guardería de La Paz se mantendrá abierta hasta fin de curso

La guardería Nuestra Señora de la Paz, que anunció hace unos días y de forma abrupta que cerraría sus puertas el próximo uno de marzo, finalmente seguirá funcionando hasta finales de curso.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, ha mantenido esta mañana una reunión con el titular de la empresa Gestdes Arunda S.L. y los trabajadores de la Escuela Infantil Nuestra Señora de la Paz para "favorecer un acercamiento entre ambas partes", según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, para evitar que 109 alumnos de Educación Infantil se queden sin centro a mitad de curso, además de las 14 trabajadoras que pasarían al desempleo.

Tras intercambiar posiciones y ampliar información sobre la situación de la Escuela Infantil, la Empresa ha ofrecido la posibilidad de continuar su actividad hasta el 31 de julio, fecha de la finalización del curso actual, sin menoscabo de que continúen más adelante las negociaciones entre empleador y personal laboral.

La Delegación Territorial ha informado sobre el procedimiento que se seguirá a partir del próximo mes de marzo con objeto de dar respuesta a las necesidades de escolarización de este alumnado con vistas al curso 2023/24.

Mientras se desarrollaba la reunión en la sede de Educación en la capital malagueña, un grupo con miembros de las familias afectadas han acudido a concentrarse para denunciar la situación de desamparo en la que quedaban y que han sido informados por el delegado al término del encuentro con la empresa gestora y el personal de la guardería.

Cierre por sorpresa

Las madres y padres que llevan a sus hijos a la guardería Nuestra Señora de La Paz se enteraron la semana pasada mediante una circular que el centro de infantil iba a cerrar las puertas a partir del uno de marzo.

Los motivos expuestos por la empresa gestora del centro -subvencionado por la Junta de Andalucía- para explicar el fin de la actividad residen en la subida de los costes salariales, de los suministros generales y la no actualización del precio plaza por la administración autonómica.

La delegación de Educación calificó esta actuación como «injusta» y advirtió de que se están «estudiando las responsabilidades económicas y jurídicas».