Agricultores piden un mayor control de los pozos irregulares del interior

Agricultores de las comarcas malagueñas sin embalses, de localidades del entorno de Antequera, Archidona y la Alta Axarquía, no ocultan su preocupación por la falta de control de las aguas subterráneas. Es una reivindicación histórica la necesidad de controlar los pozos irregulares, pero lo cierto es que pocos avances ha habido en décadas.

Ahora, a raíz de la polémica desatada en el Parque Nacional de Doñana, por la proposición de ley puesta en marcha por la vía rápida para abrir una posible amnistía a regantes que usan agua para sus cultivos de forma irregular, el foco está de nuevo en este asunto. La sequía agudiza la atención a unas zonas donde los niveles de las aguas del subsuelo están bajo mínimos.

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El presidente de Asaja en Málaga, Baldomero Bellido, explica que la situación «es bien distinta» en las comarcas más septentrionales, porque en el Valle del Guadalhorce o en las cotas más bajas de la comarca de la Axarquía se riega con agua en superficie y se depende mucho menos de los pozos (aunque la Junta ha conectado dos pozos nerjeños con el sistema del embalse de la Viñuela, que sigue por debajo del 11% de su capacidad actualmente.

Los sindicatos abundan en que la situación en Doñana dista de lo que sucede en la provincia malagueña. Pero consideran una oportunidad reabrir el debate sobre las aguas subterráneas de la provincia de Málaga. Así, recuerdan la importancia de la carta que acaba de remitir la Comisión Europea al Gobierno español, donde se alerta de que, en caso de prosperar la tramitación de la propuesta de la Junta de Andalucía en los términos anunciados, se estaría produciendo «una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia» de junio de 2021.

Por entonces, España fue condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir sus obligaciones derivadas de las directivas marco del Agua y de la directiva Hábitat. En concreto se alegaban «las extracciones excesivas e ilegales de agua para los cultivos» y, además, «no haber previsto ninguna medida para evitar la alteración ocasionada» por estas captaciones sobre los hábitats prioritarios.

«Quisiera insistir en que es necesario garantizar de forma inmediata la protección estricta de los excepcionales valores naturales de Doñana, especialmente teniendo en cuenta el actual contexto en el que las precipitaciones son cada vez más irregulares por causa del cambio climático», manifestaba en su escrito la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer. Y esa referencia a las lluvias cada vez menos frecuentes es lo que preocupa a los portavoces agrarios en la provincia.

Control de los pozos

A raíz del fallecimiento del pequeño Julen, tras caer en un pozo en la localidad de Totalán, colectivos como Ecologistas en Acción recordó que, en un informe de 2006, el Ministerio de Medio Ambiente cifraba en más de medio millón el número de pozos ilegales en España. Y en dicho documento se apuntaba a que de los mismos precedían 3.600 hectómetros cúbicos de agua anuales, el equivalente al consumo anual de 40 millones de personas.

En Málaga, fuentes de los propios grupos ecologistas calculan que la cifra de perforaciones irregulares puede oscilar entre 500 a 1.000. Apuntan a que la administración competente debería «actualizar esos datos» justo ahora, «con el precio del hectómetro de agua más caro que nunca», como consecuencia de la cada vez más acusada falta de precipitaciones.

También apuntan a que los ayuntamientos deberían impulsar planes de ahorro, «dirigidos precisamente a lograr una mayor conciencia» sobre el daño que generan los pozos ilegales.

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