Los taxistas de Málaga seguirán en guerra pese a la sentencia del Tribunal Europeo

El sector en España subraya la limitación que a partir de ahora habrá en el Área Metropolitana de Barcelona

Fran Extremera

Fran Extremera

El sector del taxi en Málaga mantendrá sus reivindicaciones, en cuanto a la necesidad de mejorar la regulación de las autorizaciones VTC en Andalucía, pese a que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida este jueves va a permitir, a su juicio, limitar la presencia de estos vehículos en el Área Metropolitana de Barcelona.

Europa considera "contraria al derecho" la limitación en los vehículos de turismo con conductor (VTC) que se aplica en tierras catalanas, pero sin embargo admite "la posibilidad de exigir la obtención de una licencia adicional a la prevista a nivel nacional". Esta última opción se basa en que la administración competente considere "necesaria para la buena gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y la protección del medio ambiente".

A este aspecto se refieren los portavoces del sector en la Costa del Sol a la hora de evaluar la coyuntura actual. El presidente de la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (Aumat) y a su vez máximo responsable de la Confederación del Taxi de la Costa del Sol, Miguel Ángel Martín, sostiene que la principal dificultad a la que se enfrenta su sector es la falta de aplicación de las normativas y sentencias. "Recibimos sentencias como la de esta semana con mucha incertidumbre, por eso seguiremos en lucha por nuestros derechos. Lo importante es que se aplique lo que se aprueba o sentencia", remata.

Teme el colectivo costasoleño que representa a los taxitas que haya una irrupción masiva de autorizaciones VTC ya denegadas, en virtud de una posible interpretación de la sentencia del TJUE. En relación a la denominada ratio 1:30, el colectivo que forma parte de la asociación nacional Antaxi "solicita al Gobierno central una regulación urgente para garantizar una movilidad urbana equilibrada". Y aluden a los condicionantes medioambientales que ya pesan sobre cinturones metropolitanos como Madrid y Barcelona, pero que también van a entrar en vigor en la capital malagueña.