La parálisis en los juzgados mantiene congelados pleitos urbanísticos desde enero

La parálisis en los juzgados de Málaga a causa de la sobreacumulación de causas, las consecutivas huelgas junto a un ambiente laboral más que crispado están provocando importantes retrasos en la resolución de demandas y pleitos, hasta tal punto que se están fijando juicios para 2026.

En el caso de las causas urbanísticas, está situación ha provocado que no hayan tenido ningún movimiento procesal desde enero de este año con independencia en la fase de tramitación en el que se encuentren, como alerta el Colegio de Abogados de Málaga.

Por tanto, estos pleitos están prácticamente congelados, con independencia de si van por la vía de lo Civil -por ejemplo, relacionados con un alquiler o una vivienda turística- o por el Contencioso-Administrativo -asuntos en los que está implicada la Administración y el planeamiento urbanístico-.

En este último caso, apunta el decano de los abogados de Málaga, Salvador González, la acumulación de causas es algo mayor.

«Está más acentuado en estos momentos en el Contencioso-Administrativo porque ya viene también de un retraso mayor pero sí, los retrasos son muy importantes», detalla el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador Gónzalez quien, en general, califica como «preocupante» la situación en la que se encuentran los juzgados.

«Muchos procedimientos del ámbito urbanístico en todo lo que va de año, la gran mayoría no ha tenido ningún avance», añade Gónzalez.

Repsol, afectado

Un buen ejemplo del retraso en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo es el recurso interpuesto por Bosque Urbano contra la subasta de los terrenos de Repsol, que fue admitido a trámite en junio del año pasado y para el que todavía no hay respuesta.

El recurso de esta plataforma ciudadana llegó a paralizar la subasta de cinco parcelas municipales -que se reactivó después de que la jueza desestimase las medidas cautelares que pedía Bosque Urbano- y acabó provocando el descuelgue de cuatro de las cinco promotoras que aspiraban a hacerse con parte o la totalidad de estos suelos, estas son, Stoneweg, Acciona, Exxacon y Single Home.

Esta semana, la Gerencia de Urbanismo aclaró que la promotora - que será Urbania cuando se complete el proceso de adjudicación de los terrenos- podrá iniciar los trámites para solicitar licencia de obras pero no podrá comenzar la construcción de las torres proyectadas -de 28, 30 y 32 plantas- hasta que haya un pronunciamiento judicial firme.

Al respecto, el acalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguraba estos días que confía en la «rapidez» de la justicia para que el asunto quede «despejado en fechas próximas». No obstante, la situación delos juzgados parece indicar que esa sentencia, favorable o no a Bosque Urbano, se dilatará en el tiempo.

Sin respuesta judicial

Además de los asuntos urbanísticos, Salvador González destaca cómo la parális afecta también a los juzgados de Familia en los que los señalamientos judiciales se están fijando para entre ocho y nueve meses.

«Es un poco trágico. En familia tienen que decidirse cuestiones que afectan a menores que son de especial trascendencia», lamenta el decano de los abogados malagueños.

En general, Gónzalez señala que hay muchas demandas que siguen a la espera de ser repartidas al juzgado correspondiente. Y, en caso de que ya se haya repartido, entonces están aguardando a ser incoadas. «En un caso o en otro tenemos la totalidad de las demandas, las reclamaciones judiciales, que se han presentado en el 2023. Todavía el juzgado no ha tomado conocimiento de que tiene esa demanda encima de la mesa».

En cuanto a las consignaciones judiciales, esto es, depósitos de dinero, ya sea voluntarios o forzosos, dentro de los procedimientos, la cuantía asciende ya a 230 millones de euros en los juzgados de Málaga que, como explica Salvador González, están «pendientes de decidirse dónde van a ir».

Coste social

Después de un año en el que la Justicia ha concatenado las huelgas de letrados, jueces, fiscales y funcionarios, el coste social de los paros no solo afecta a los derechos de los ciudadanos sino a los propios trabajadores de la rama jurídica.

«Hay juzgado en los que la incidencia de la huelga en el ambiente de trabajo del juzgado está haciendo que vayan mejor y hay otros que van peor porque se han visto más afectados», continúa Salvador González, que destaca que estos profesionales han sufrido una caída en la retribución por ejercer su derecho a la huelga y se han incorporado a su puesto de trabajo sin haber logrado las mejoras laborales demandadas.

Por otro lado, el parón procesal está afectando ya a los bufetes y a los despachos pequeños, que no cobran sus honorarios mientras no avance la tramitación de las causas. En algunos casos incluso han optado por abandonar la profesión y se deciden a presentarse a unas oposiciones.

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