«La polarización es excesiva, eso no es saludable para el sistema constitucional»

El catedrático Ángel Rodríguez (Málaga, 1960) está desde hace unos días al frente del colectivo que agrupa a los estudiosos del Derecho Constitucional de todas las universidades españolas. Su trayectoria está muy vinculada a la Facultad de Derecho de la UMA y ha sido investigador visitante en varias universidades extranjeras. Sin ir más lejos, responde a esta entrevista desde Estrasburgo (Francia), en cuya universidad se encuentra este curso.

¿Con qué sensaciones vivió, hace unos días en Valladolid, su elección como presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España?

Estoy muy contento. Es una asociación que reúne a gran parte de los que nos dedicamos al Derecho Constitucional en España. Fue una gran alegría que mis compañeros y compañeras depositaran en mí esa responsabilidad y que confiaran en las 14 personas que estábamos en la candidatura.

¿Han tenido los grandes expertos españoles en Derecho Constitucional, entre los que usted está, más trabajo de lo normal estos últimos meses, a medida que cobraba visos de realidad una ley de amnistía?

Sí, claro, sin duda alguna. No sólo con la amnistía y no sólo en estos últimos meses. Creo que, desde hace unos años, nuestro sistema constitucional está dando muestras de algún tipo de tensión. Vamos a llamarlo así. Y, por lo tanto, los constitucionalistas hemos tenido más trabajo. Por ejemplo, en los últimos años se han aplicado por primera vez artículos de la Constitución que nunca se habían aplicado en 40 años. Empezando por el 155, que se aplicó a Cataluña cuando se declaró unilateralmente la independencia; siguiendo con el estado de alarma, con la pandemia, pues nunca se había declarado una situación de emergencia constitucional en todos los años anteriores; y, ahora, el proyecto de ley de amnistía también ha planteado una serie de controversias y debates muy interesantes.

¿La proliferación de debates sobre la independencia de Cataluña o el protagonismo alcanzado por sus defensores contribuye a que sea visto como algo frágil y vulnerable la propia Constitución, que se fundamenta ‘en la indisoluble unidad de la Nación española’?

No ha sido tanto el debate sobre la independencia -que aunque últimamente ha salido a la superficie siempre ha estado presente con mayor o menor intensidad- sino el debate sobre los medios que pueden constitucionalmente usar los partidarios de la independencia para conseguirla. Desde que se aprueba la Constitución, hay partidos independentistas. Y, desde hace algunos años, hay partidos independentistas que gobiernan en algunas comunidades autónomas. En Cataluña y también, en alguna medida, en el País Vasco. Es una situación que podríamos llamar de normalidad constitucional. Ese movimiento independentista existe. Lo que sí ha introducido una sensación de mayor fragilidad, en relación al sistema constitucional, es cuando los partidos independentistas han querido alcanzar sus fines por medios inconstitucionales. Ahí es donde sí se ha puesto de relieve que el sistema constitucional se ha tensionado y, en algunos casos, puede dar la impresión de que hay una mayor fragilidad.

Las democracias pueden retroceder, pueden quebrar, es muy importante transmitirle a los jóvenes los valores constitucionales

¿Cree que el clima de polarización y crispación política, en el que se vive en España desde prácticamente los atentados del 11M, chirría dentro del marco constitucional y flaco favor le hace al sistema democrático?

Sí, es una polarización excesiva. Todo sistema constitucional tiene siempre como dos líneas. Hay un nivel de lucha política, un nivel de conflicto político que no sólo es inevitable sino que es saludable. Por eso, en un sistema democrático -en función de los resultados electorales- la mayoría y las políticas públicas pueden cambiar. Pero luego hay un nivel más elevado, que es el nivel propiamente constitucional. El nivel de las reglas del juego, que no tiene que ser inmutable pero debe tener cierta garantía de estabilidad. Vamos a llevar la metáfora al campo deportivo. En un partido de baloncesto, hay una rivalidad tremenda entre los dos equipos que están luchando por ganar. Y si no fuera así, el juego no tendría sentido. Pero, al mismo tiempo, tiene que haber unas reglas estables. Unas reglas que no se pueden cambiar conforme el partido vaya avanzando. No puede ser que una determinada regla al principio del partido se aplique de un modo y, conforme el partido avanza y en función de los intereses de uno u otro contrincante, se aplique de otro modo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la polarización se ha llevado también al nivel superior. Se ha llevado también al establecimiento de las reglas del juego. Eso no es saludable para el sistema constitucional.

En enero, se aprobó en el Congreso de los Diputados la eliminación del término ‘disminuidos’ de la Constitución, ¿cómo valora este tipo de reformas?

Hay que valorarlo muy positivamente. Sobre todo, porque en nuestro país una de las patologías del sistema constitucional es que la reforma es prácticamente imposible. Las reglas constitucionales tienen que tener cierta estabilidad. Pero esa estabilidad no significa inmutabilidad. Si vemos lo que ocurre en las constituciones de nuestro entorno, de vez en cuando se reforman. La nuestra sólo se ha reformado en tres ocasiones. Las dos primeras se hicieron porque no tuvimos más remedio. Porque Europa nos obligó para ratificar el Tratado de Maastricht, en primer lugar, y para introducir la regla del equilibrio presupuestario, en segundo lugar. Y esta tercera reforma se ha hecho de ‘motu proprio’. No se ha hecho obligado por Europa y, por lo tanto, me parece muy positiva. Ahora bien, es una reforma más bien de carácter simbólico. Era una reivindicación de las personas con discapacidad para que se eliminara ese término, que cuando se incorporó a la Constitución en 1978 no tenía el sentido peyorativo que ha podido tener hoy en día. La eficacia de esta reforma se agota prácticamente, que no es poco, en ese plano simbólico del lenguaje. El lenguaje que se usa en la Constitución hay que elegirlo con especial cuidado. Bienvenida sea esa reforma. Y, sobre todo, bienvenida sea la evidencia de que, al menos en algunas ocasiones, se pueden poner de acuerdo los grandes partidos políticos del país para hacer una reforma constitucional.

¿Son viables planteamientos como el que está abanderando Sumar para incluir el derecho al aborto en la Constitución? 

Viables sí son. Lo que ocurre es que no hay que importar lo que se ha hecho en otros países de una forma acrítica o automática. La reforma del aborto se ha introducido en la Constitución francesa la semana pasada. Pero se ha introducido con un consenso altísimo. Si consiguiéramos reunir un consenso similar al que se ha conseguido en Francia, la reforma sería positiva. Pero dudo mucho que en este tema -que ya de por sí es bastante controvertido y en cualquier otro tema como acabo de señalar antes- sería muy difícil conseguir un consenso para introducir esa reforma en nuestra Constitución. Creo que, actualmente, no se conseguiría el consenso suficiente.

La Constitución tiene ya 45 años, en 45 años cualquier texto puede necesitar una modernización

¿Hasta qué punto existe el riesgo de que parte de aquello que se alumbró en 1978 pueda estar desfasado o, en cierta medida, no esté a la altura de los tiempos que corren?

La Constitución tiene ya 45 años. Y en 45 años cualquier texto puede necesitar un acomodo, una modernización. Los constitucionalistas hemos hecho nuestro trabajo. Es decir, hay una infinidad de trabajos académicos y hay incluso informes de órganos consultivos. Por ejemplo, un informe que en su día hizo el Consejo de Estado en el que, desde el punto de vista técnico, está bastante bien estudiado qué tipo de reformas habría que introducir en el texto constitucional. Lo que falta es un acuerdo político para hacerlo. Es cierto que todas esas reformas, y en esto hay bastante consenso, serían para adaptar a los nuevos tiempos, para modernizar en alguna medida el esquema constitucional del 78. Pero, desde mi punto de vista, los grandes principios de la Constitución del 78 siguen siendo plenamente válidos en la actualidad.

Aunque hay problemas puntuales como en otras democracias, la libertad de expresión está garantizada en España

¿Existe en España una libertad de expresión real, equivalente a la que proclama el artículo constitucional?

Creo que existe una libertad de expresión real. Lo que ocurre es que, tanto en España como en el resto del mundo, hay ahora una serie de nuevas realidades que hacen que la libertad de expresión, tal como la concebíamos y como quedaba garantizada hace unos años, hoy en día empieza a tener que afrontar nuevos problemas. La inteligencia artificial, la proliferación de las redes sociales, la proliferación de noticias falsas, la creación de noticias falsas mediante bots informáticos que producen verdaderas campañas de intoxicación en la opinión pública... Estos problemas no se habían dado con tanta virulencia en el pasado como se dan ahora. Entonces, la Unión Europea está legislando para hacer frente a estas cuestiones. Podemos, por ejemplo, pensar en situaciones de campaña electoral en las que hay verdaderas campañas de desinformación para manipular a la opinión pública. Eso le plantea nuevos retos a la libertad de expresión. Aunque tenemos algunos problemas puntuales como en todos los sistemas democráticos de nuestro entorno, la libertad de expresión en España está suficientemente garantizada. Sería incorrecto afirmar que en España no se protege la libertad de expresión. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí que se protege la libertad de expresión.

Si, según la propia Constitución, los españoles son iguales ante la ley sin ningún tipo de discriminación, ¿resultan paradójicos ciertos privilegios como los aforamientos de los que goza la Casa Real o la clase política?

Son dos temas distintos. Vamos a empezar por el de la Casa Real. La figura del rey goza de inviolabilidad. La inviolabilidad es una prerrogativa que tienen, prácticamente, todos los jefes de Estado en todos los sistemas democráticos. Tanto en repúblicas como en monarquías. ¿Eso significa que son personas que pueden impunemente cometer delitos a los que en ningún caso se les podría juzgar? No, no es así. Puede haber un control político, puede haber una serie de medidas. Y el aforamiento de la clase política lo único que supone es que hay determinados cargos públicos que son juzgados por las más altas instancias jurisdiccionales. Por ejemplo, en el caso de diputados y senadores están aforados ante el Tribunal Supremo. Pero ese aforamiento no debe de verse como un privilegio. Se debe de ver como una prerrogativa del cargo que ostentan. Por ejemplo, pensemos que en un diputado el aforamiento ante el Tribunal Supremo lo que significa es que, en atención al cargo que ocupa, va a ser juzgado directamente por el más alto tribunal del país. Pero eso en ningún caso significa que haya impunidad. Hace ya mucho tiempo que el Tribunal Constitucional dijo que ni el Congreso ni el Senado se podían negar a que se procesara a uno de sus miembros. Aunque, técnicamente, el aforamiento es algo que se debe revisar en algunos aspectos, en su fundamento lo veo justificado. No soy partidario de una eliminación completa del aforamiento.

El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial es un incumplimiento flagrante de la Constitución

¿Da una mala imagen el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial?

No sólo da una mala imagen sino que es un incumplimiento flagrante de la Constitución. Siempre ha habido retrasos en la renovación de órganos constitucionales, pero una cosa es un retraso de unos meses que puede ser inevitable y otra cosa es lo que tenemos ahora. El actual Consejo General del Poder Judicial lleva ya, o está muy próximo a llevar, más tiempo con el mandato caducado que el mandato que tuvo en su momento. Dicho esto -siendo urgente, necesario e impresentable que no se haga la renovación- también es necesario reformar el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Renovar el Consejo es constitucionalmente urgente pero lo segundo no deja de ser necesario. Ambas tareas deberían abordarse cuanto antes.

En su etapa en el Consejo Consultivo de Andalucía, asistió al epílogo del socialismo, a la irrupción del Gobierno del PP y Ciudadanos y al despegue de la vigente mayoría absoluta. ¿Se ha producido un cambio real en Andalucía este último lustro?

La labor del Consejo Consultivo, que es un órgano de carácter técnico, se ha visto poco afectada por el cambio de mayoría. Desde un punto de vista más amplio, sí se puede decir que indudablemente ha habido un cambio político importante. Por primera vez en muchísimos años, se ha producido una alternancia en una comunidad autónoma que desde sus orígenes había estado gobernada por una sola fuerza política. Con independencia de que uno pueda estar más o menos de acuerdo con las políticas de uno u otro partido, que haya una alternancia en el poder es tremendamente saludable, desde el punto de vista democrático.

Dirige en la UMA la Cátedra Torrijos, que transmite los valores constitucionales a generaciones que no vivieron la Transición. ¿Está España abocada a que a sus jóvenes les suene a chino la historia del país?

Es algo que tenemos que evitar. En alguna ocasión, me han preguntado qué se hizo bien y qué se hizo mal durante la Transición. Entonces, uno tiene la tentación de hacer balance de las grandes decisiones que se tomaron: una forma monárquica en lugar de una república, un estado autonómico a medio camino entre el estado unitario y el estado federal... En fin, una serie de cuestiones que quedaron incluidas en la Constitución. Y aunque a algunos les gustará más y a otros les gustará menos, el saldo global es positivo. Cuando la pregunta es qué es lo que se hizo peor, lo que peor se hizo fue el modo de contarlo a las nuevas generaciones. Por eso es importante que las nuevas generaciones comprendan lo que significa la instauración de la democracia y, además, tengan constancia de la fragilidad de la democracia. Cuando uno ha vivido toda su vida en democracia, como le ocurre ya a la mayoría de los ciudadanos de España, tiende a creer que la democracia es un régimen natural, que se da por hecho, que está ahí y nunca va a entrar en crisis ni va a poder retroceder. Esta idea es peligrosa porque hace que la ciudadanía crea que no tiene que hacer nada por su parte para seguir viviendo en un sistema democrático. Esto no es así. Las democracias pueden entrar en crisis, pueden quebrar, pueden retroceder, pueden deteriorarse. Por eso es muy importante que los valores constitucionales se trasladen siempre a las nuevas generaciones.

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