El pago de sentencias judiciales obliga al Ayuntamiento de Marbella a aplicar recortes

El equipo de gobierno de Marbella aprobó ayer en solitario, en un pleno de carácter extraordinario, con la abstención de OSP y Ciudadanos y el voto en contra del PSOE, acogerse a un mecanismo del Ministerio de Hacienda para que el Ayuntamiento abone 43 millones de euros en sentencias judiciales originadas durante la época de los gobiernos del GIL.

La contrapartida para que el Consistorio se pueda acoger al Fondo de Ordenación Estatal será la aplicación de un plan de medidas de ajustes que estará en vigor hasta 2032 que afectará al personal municipal y obligará a reducir el gasto corriente en menos de un cuatro por ciento.

Para minimizar el impacto que traerán consigo los recortes, el equipo de gobierno pedirá a la Junta de Andalucía aplazar hasta dos años las liquidaciones de la deuda con la Administración regional.

El acuerdo para acogerse al mecanismo del Ministerio de Hacienda es «la solución más lógica y eficiente» para que el Ayuntamiento haga frente a unas deudas judiciales que se remontan a «hace más de quince años», señaló el delegado de Hacienda, Félix Romero.

El concejal, que también es portavoz del equipo de gobierno, aseguró que los recortes serán «mínimos» y que se realizarán a través de la amortización de plazas de personal y «sin subir impuestos ni reducir la plantilla municipal».

El portavoz socialista José Bernal exigió al equipo de gobierno «claridad» sobre la dimensión de los recortes ya que, señaló, supondrán la eliminación de bonificaciones, horas extras y reducciones en materia de personal». «Nos quieren vender el milagro de los panes y los peces y que, con menos recursos, seguirán prestando los mismos servicios, cuando esto es algo que no van a poder cumplir», agregó.

Bernal criticó al Gobierno local falta de previsión para reservar fondos con los que pagar unas sentencias judiciales que, a pesar de remontarse a épocas gilistas, «se preveía que se iban a perder».

«Ahora es el Ministerio de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez el que va a salvar la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento», señaló el concejal socialista.

El gasto en Personal del Ayuntamiento era de 139 millones de euros a mediados de 2017, cuando se aprobó la moción de censura de OSP que permitió el PP recuperar la alcaldía, y ahora es de 167 millones, según el PSOE. Durante el mismo periodo, los gastos corrientes han pasado de 40 millones a 80.

«Saldamos la deuda financiera y ahora va por 56 millones. La deuda se ha invertido en cosas como contratar a 300 personas antes de las elecciones (de 2019) o en destinar dos millones de euros a un torneo de golf que se celebrará en Casares», señaló Bernal.

A juicio de OSP, la «mala gestión» de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha provocado que el Ayuntamiento tenga que volver a endeudarse y a asumir unos recortes que afectarán a «muchos gastos», entre ellos, señaló la formación sampedreña, a las subvenciones que reciben las pymes del municipio.

Según OSP, la deuda del Ayuntamiento rondará los 69 millones de euros.

Por otra parte, el pleno aprobó también destinar 2,2 millones de euros recuperados en sentencias judiciales por corrupción a obras en los barrios del municipio.

Entre las actuaciones que acometerá el Ayuntamiento mejoras en los barrios por importe de 400.000 euros; 100.000 euros para trabajos en los colegios; 1,5 millones para obras en urbanizaciones y paseos marítimos, y 64.000 a los parques urbanos del término municipal.