La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto por la propietaria del hotel Guadalmina de Marbella, Sahara Propco, contra la resolución del Ministerio de Medio Ambiente de mayo de 2018, en relación a una disputa sobre unos terrenos.

La resolución recurrida y que ahora confirma la Audiencia Nacional, aprueba el deslinde de un tramo de costa de algo más de tres kilómetros de longitud comprendido entre el río Guadaiza, en Marbella, y el río Guadalmina en el límite con el término municipal de su vecina Estepona.

La sentencia en cuestión -que no será firme hasta finales de semana, salvo que la propiedad del hotel interponga recurso- da la razón al Ministerio de Agricultura -hoy para la Transición Ecológica- y avala los planteamientos de la resolución inicial de la administración en la que considera las parcelas indicadas "bienes de dominio público marítimo-terrestre".

Lo que viene a plantear el Ministerio en su resolución de 2018 y con lo que no está de acuerdo la propiedad del hotel Guadalmina es que hay unos tres mil metros de franja costera que actualmente forman parte de las instalaciones del hotel que son zona de playa -o similar- y que por lo tanto, son de dominio público.

A efectos prácticos y si finalmente la disputa se resuelve a favor de la administración supondrá que el hotel Guadalmina tendrá que "devolver" al ente público estos terrenos, edificados desde el año 1962, lo que afectaría a la piscina exterior, la zona de hamacas y el chiringuito.

La resolución del antiguo Ministerio de Agricultura motivo del litigio ordenaba, además, en su texto original que Demarcación de Costas en Málaga iniciase las "actuaciones conducentes a rectificar las situaciones jurídicas contradictorias con el deslinde" que aprobaba que, hasta la resolución definitiva, no se han modificado.

Para la propiedad, en las parcelas donde se ubica el hotel no hay áreas "que se correspondan con la playa ni con zonas de depósitos de materiales sueltos", reza en su argumentario, y considera "jurídicamente improcedente el deslinde".

El tribunal de lo Contencioso-Administrativo no lo ha visto así, de manera que si quieren conservar esos terrenos habrán de seguir batallando y presentar el correspondiente recurso de casación.