El contrato por más de 550 millones con incentivos que firmó Messi en 2017, publicado ayer con todo lujo de detalles por El Mundo, generó un tremendo terremoto con epicentro en Barcelona y daños colaterales aún por cuantificar.

De momento, el astro argentino se apresuró a través de sus representantes a plantear una denuncia que tiene como principal objetivo localizar el origen de la filtración. De nuevo el FC Barcelona, otra vez los tribunales, con la imagen de los futbolistas en entredicho. ¿Les suena?

Ni mucho menos es la primera vez que las oficinas blaugranas son sometidas a una caza de brujas en toda regla. En pleno proceso para relevar a Bartomeu en el principal sillón del club, el debate sobre una posible quiebra económica de la entidad se mezcla con otro no menos mediático, el adiós a Messi cuando acabe el presente curso.

Después de la antesala que el pasado verano supuso el famoso burofax remitido por el propio jugador, a raíz de la polémica salida de su socio y amigo Luis Suárez, la relación entre el club y Messi parece definitivamente rota. Y eso que la temporada ni siquiera ha encarado citas tan relevantes como los cruces de la Champions (la Liga parece bien encarrilada para el Atlético).

Pero hay otra cuestión que este contrato plantea y que afecta, en su conjunto, a todo el fútbol profesional en España. Si es cierto que el vigente subcampeón de Supercopa va camino de una situación económica insostenible, si ese contrato depositado en su día en LaLiga tenía determinados flecos fuera de toda lógica y equilibrio económico, cabe preguntarse si esos límites salariales que tanto pesan sobre tantas y tantas entidades no son aplicados de la misma forma para unas y otras.

¿De qué sirven tantas y tantas sanciones que han derivado en descensos administrativos? ¿Acaso no se detiene la lupa en determinados contratos que podrían corresponder a franquiciados de LaLiga? Si fuese así, que se diga. Que las instituciones deportivas hagan públicos los términos contractuales si, al fin y al cabo, el control de la institución futbolística tiene también como supervisor al Consejo Superior de Deportes, dependiente del Gobierno español.

No vamos a exigir los aficionados (que podríamos) esa misma transparencia que pesa sobre la clase política desde ayuntamientos hasta ministerios. Pero todo aficionado que con sus ahorros contribuye al sostenimiento del club de sus amores debería como mínimo saber qué utilidad tendrá cada uno de sus euros.

Por estos «papeles de Messi» hemos sabido que el jugador cobrará cuando se marche del club más de 66 millones de euros en virtud de una extraña cláusula de fidelidad, que ya se abonara en su día, aunque muy por debajo de esa cantidad, tanto a Xavi Hernández como a Iniesta. Y no menos peculiar es ese bonus por partidos jugados que posee el argentino. Tan extraño como que cuenta «como encuentro jugado» aquel en el que el internacional argentino no pueda ser alineado como consecuencia de estar lesionado.

Es como si a cualquier trabajador que se le premie en concepto de productividad (ese parámetro en el que siempre quedamos tan mal parados en España, frente a otros países europeos) también recibiera la misma prima en caso de encontrarse de baja. ¿Por qué no aplicar dicho parámetro directamente en la nómina? ¿Acaso hay cierta ingeniería fiscal detrás de estas extrañísimas maniobras?

Lo único que para Messi cotiza muy a la baja es la Copa del Rey. Apenas le reporta unos 100.000 euros. Contrasta sobremanera dicha cuantía con los 3,5 millones como prima por ganar la Champions, los 1,6 por clasificar al equipo para dicha competición europea o los algo más de 1,4 millones que recibirá el ariete por superar al París Saint-Germain en los inminentes octavos de final. Son cifras que, en plena guerra frente al coronavirus, resultan muy desproporcionadas.