Una historia cainita

Existen partidos políticos en los que las batallas internas para el reparto del poder orgánico quedan mucho más al descubierto que en otros. Sin ir más lejos, el PSOE ocuparía casi siempre los puestos altos de la clasificación, si existiese un ranking que midiese el lavado en público de los trapos sucios. Para corroborarlo, bastaría con asomarse al alargado background en esta dirección que arrastra en la geografía andaluza. O, sin ir más lejos, en este enclave mediterráneo y sureño. La historia cainita acumulada en el libro de ruta se presta, igualmente, a explicarlo. O a abrir determinadas reflexiones sobre esa asignatura pendiente que aleja a sus siglas de la mayoría de las alcaldías en los municipios malagueños con más de 20.000 habitantes. Sobre todo, en la Costa del Sol Occidental. Reciente queda, por ejemplo, la guerra fratricida que destapó en el PSOE torremolinense la pérdida del poder municipal, tras la moción de censura presentada contra José Ortiz por el PP, hace poco más de un año. Y especialmente sintomática resulta la certeza mantenida en el tiempo de que suele sufrir las derrotas electorales más holgadas en aquellas plazas en las que sus agrupaciones están especialmente divididas. Véanse los casos de Fuengirola y Estepona.

Precisamente, la fractura interna del PSOE esteponero se verá ilustrada por la declaración como investigada de la candidata a la alcaldía y Secretaria de Infancia y Menores en la ejecutiva provincial de Dani Pérez, Emma Molina. De hecho, Molina ha sido citada para comparecer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona el próximo 24 de marzo (después de que la declaración haya sido aplazada desde otra fecha anterior, el 13 de marzo). Ese día, la precampaña ya será una realidad incontestable y apenas faltarán dos meses para las elecciones municipales del 28 de mayo, en las que ella repite como candidata tras haber caído derrotada en 2019 ante uno de los alcaldes más votados de España, José María García Urbano (PP).

Lo llamativo de este proceso judicial -por un presunto delito de falsedad documental- es que la denuncia parte de una compañera de la agrupación socialista. De la que fuera su rival en las ajustadísimas asambleas, para elegir la secretaría general del PSOE de Estepona, celebradas en enero y febrero de 2022, Mar Sánchez. La elección necesitó de una segunda votación porque la primera de ellas quedó empate. En la querella se señala que antes de la celebración de la Asamblea del día 27 de enero -cuando la denunciada era la Secretaria de Organización local- el entonces secretario General del PSOE de Estepona, David Valadez, «advirtió a la dirección Federal del PSOE de la existencia de gravísimas y numerosas irregularidades en la tramitación de un número cuantioso e indeterminado de afiliaciones, así como en la custodia de las actas de las reuniones de la ejecutiva local que podrían, llegado el momento, acreditar la veracidad de lo expuesto». En la querella se añade que Molina «tramitó de espaldas a la dirección local, sin que se incluyese en el orden del día de ninguna reunión de ejecutiva y sin que se pudiesen plantear objeciones a las mismas, un número indeterminado de afiliaciones que han resultado determinantes para alterar la correlación de fuerzas en el seno de la agrupación y que le han permitido convertirse en máxima responsable de la organización política en Estepona». No obstante, la dirección provincial muestra su total apoyo a Molina: «Fue elegida limpiamente y con todas las garantías».

También están citados en el juzgado, la misma mañana que Molina, la denunciante, Valadez y el militante Emilio Fernández. Estos dos últimos en calidad de testigos.

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