El Ayuntamiento de Marbella podría convertirse próximamente en el propietario del Club Atlético de Madrid. O, al menos, en accionista mayoritario. Todo dependerá de un proceso de negociaciones que el Consistorio ya ha iniciado, según ha podido saber La Opinión. Un total de 164.981 acciones de la entidad deportiva figuran en la lista de bienes embargados en distintos procesos judiciales que afectan directamente a las arcas de la ciudad. Todos ellos relacionados con las variadas y, en algunos casos, aún pendientes de juicio, tramas corruptas que operaron durante el mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL).

Uno de estos pleitos es el conocido como ´Saqueo I´. Este caso investigó el desvío de alrededor de 24 millones de euros procedentes de los fondos públicos a empresas privadas entre 1991 y 1995 y, desde febrero, cuenta con una sentencia firme.

Recuperación. El Tribunal Supremo ratificó entonces la sentencia emitida por la Audiencia Nacional. El ex asesor urbanístico de Marbella Juan Antonio Roca, el abogado José Luis Sierra y el contable Manuel Castel fueron condenados a distintas penas de cárcel y a indemnizar a Marbella con 24 millones de euros. Los mismos que ahora el Gobierno local del PP quiere recuperar. Asimismo, la Audiencia también condenaba a las empresas propiedad del fallecido ex alcalde Jesús Gil, Rancho Valdeolivas y Promociones Futbolísticas, al pago de 150.000 y 2,5 millones de euros, respectivamente.

Promociones Futbolísticas era, hasta ahora, la dueña de los citados títulos. Pero no hace mucho se produjo un ´extraño´ movimiento que los sitúa a nombre de la sociedad limitada Brompton Manor España, señalaron fuentes municipales.

"En el propio procedimiento del caso ´Saqueo´ incluso plantean un recurso, denominado de tercería, para plantar el embargo sobre estas acciones y el Ministerio Fiscal se opuso", explicaron.

Lo cierto es que la actual titular de las acciones, con un embargo trabado preexistente, es esta empresa madrileña constituida en 2006, dedicada a los servicios de compraventa de valores inmobiliarios y con un capital social que supera los 1,4 millones. Así figura en el registro mercantil.

Una mujer, B. G. M., figura como administradora única. Los abogados del Ayuntamiento marbellí ya han iniciado los primeros contactos con los representantes de la sociedad. La intención de la administración local es solicitar "inmediatamente" el despacho de ejecución del embargo sobre las acciones. Pero no descarta llegar a un acuerdo previo con Brompton para recuperar el dinero sin llegar a este término. "Es un bien fiable, atractivo incluso para sus propios propietarios, que permitiría cobrar una parte cuantiosa del dinero expoliado de la ciudad durante años", indicaron. En concreto, los 24 millones de euros que le corresponde a Marbella como indemnización por el desvio de fondos probado en ´Saqueo I´.

El Consistorio no aspira a quedarse con el Club Atlético de Madrid, de acuerdo con sus gestores. Sin embargo, la idea no es en absoluto descabellada.

La solicitud de la ejecución del embargo llevaría la celebración de una subasta en un plazo de tiempo no muy lejano, quizá de unos meses. El Ayuntamiento se quedaría con las acciones "tan sólo en el caso de que no hubiera ningún licitador", aclararon.

El palco presidencial del estadio Vicente Calderón podría llenarse de nuevo de representantes políticos de Marbella. O, quizá, de los responsables de la Agencia Tributaria y de la Tesorería de la Seguridad Social.

El Consistorio marbellí tiene un compromiso adquirido con ambas instituciones públicas: ceder todos los bienes que recupere hasta saldar su deuda.

En un acuerdo conjunto alcanzado en marzo de 2009, Marbella renunció a las indemnizaciones que pudiera percibir, fruto de las sentencias que le resultaran favorables.

Este aval le permitió aplazar el pago de los 280 millones de euros que le debe a Hacienda y a Seguridad Social por tercera vez. En concreto, 190 millones de euros a la Seguridad Social y otros 90 millones a Hacienda.

La cesión de estos derechos de cobro despreocupaba a la administración local de tener que ejecutar los embargos, explicó en su momento el coordinador de Hacienda y Personal, Carlos Rubio.

En principio y en función de este pacto, estas instituciones debía ocuparse de las acciones del Atlético de Madrid. Y no el Ayuntamiento.

Ejecute quien ejecute, el afán municipal es "contar con dinero líquido cuanto antes", ya sea para pagar sus 512 millones de euros de deuda total como los años de carencias de infraestructuras públicas que han sufrido los residentes en la ciudad.