El Gobierno andaluz y organizaciones agrarias reclaman cambios en la PAC

La Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía presentarán nuevas alegaciones al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac), que plantearán al Ejecutivo central con peticiones que responden a las necesidades del sector.

Por segundo año consecutivo, Andalucía presenta al Gobierno central un documento unificado con peticiones que permitan reducir al máximo el impacto de los cambios asociados a la nueva PAC, según la Junta.

Para ello, el campo andaluz vuelve a reclamar una mayor flexibilidad en el Pepac que evite pérdidas en las ayudas que reciben los productores. El sector andaluz solicita la modificación de unos ecorregímenes que, a pesar de suponer un coste más de producción, está cumpliendo por encima de la media nacional (85% frente al 55%).

El documento recoge una serie de peticiones de flexibilización y simplificación del Pepac, por ejemplo, respecto a las exigencias que atañen a las cubiertas vegetales, de difícil cumplimiento en plena sequía; o las que hacen referencia a unidades de ganado mayor (UGM) de la ganadería extensiva, también comprometidas con el déficit hídrico.

La UE retira el plan de reducir un 50% los pesticidas ante las protestas del sector agrícola

Andalucía pide también al Ministerio de Agricultura la aplicación automática de la figura de agricultor activo a los agricultores y ganaderos con explotaciones de Producción Ecológica o Integrada. Además, reclama que continúe sin ser obligatorio el cuaderno digital, ya que su aplicación añade «dificultades» en un momento complicado marcado por los altos costes de producción, la inflación y la sequía.

El documento consensuado hace referencia también a la importancia de realizar estudios de impacto del nuevo modelo de regiones y analizar la posible implantación de otros sistemas que resultaran más rentables.

La Universidad de Córdoba ha elaborado un estudio que apunta hacia modelos más adaptados a las singularidades de Andalucía y que podrían tenerse en cuenta por parte del Estado para dar respuesta a esta alegación de los agricultores y ganaderos.

En este sentido, el Gobierno andaluz respalda a los productores que se manifiestan para reclamar a la Unión Europea el necesario equilibrio entre sostenibilidad ambiental y rentabilidad económica de la actividad agraria.