Una mujer ha sido condenada a seis meses de prisión por utilizar la tarjeta de discapacitado de su padre fallecido para estacionar en una zona reservada para personas de movilidad reducida (PMR) en Pedregalejo. Según la sentencia, que es firme tras mostrar conformidad todas las partes y un serio aviso para los que se aprovechan de esta situación, se le considera autora de un delito de uso indebido de documento público auténtico y tendrá que afrontar tres meses de multa a razón de tres euros diarios (270 euros). El fallo aclara que se le concederá la suspensión de la pena de cárcel durante dos años, aunque advierte de que si durante ese periodo comete un delito de cualquier naturaleza implicaría el cumplimiento íntegro.

Los hechos juzgados ocurrieron el 12 de junio de 2020 en la calle Ventura de la Vega, en el corazón del barrio de Pedregalejo en la zona Este. La sentencia considera probado que la mujer fue sorprendida por la Policía Local estacionando su vehículo en la plaza reservada para personas con movilidad reducida que hay a la altura de la iglesia del Corpus Christi. Los agentes comprobaron que dicha tarjeta estaba expedida a nombre de su padre, que en ese momento no estaba con ella esto ya supone una infracción, puesto que estos aparcamientos sólo se pueden usar en presencia de los beneficiarios de las tarjetas, que son personales e intransferibles. Sin embargo, las posteriores gestiones de los agentes revelaron que el progenitor de la mujer murió en noviembre de 2011, ocho años y medio antes del día que la mujer fue sorprendida utilizando la tarjeta. Fue a partir de entonces cuando la mujer pasó a ser investigada por un delito penal.

De la picaresca al delito

La Policía Local de Málaga lucha desde hace años contra una actividad que demuestra una gran falta de civismo y empatía con las personas que realmente necesitan esos aparcamientos. En este tiempo, sus agentes se han topado con todo tipo de situaciones. Desde el listo que usa la tarjeta de un familiar discapacitado en ausencia del mismo para hacer unas compras en el Centro o incluso ir a trabajar hasta los que siguen aprovechándose de estos documentos tras la muerte de los beneficiarios. Muchos de estos casos se destapan tras comprobarse que los documentos están caducados, aunque los agentes también se han enfrentado a personas que han falsificado la fecha de caducidad para aumentar su vigencia, que usan fotocopias a color (falsedad documental) o hasta el caso de un extrabajador de un asilo que usaba la acreditación de una anciana a la que atendía.