Letrados de Justicia destacan el «ejercicio de responsabilidad» para terminar la huelga

Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han protagonizado durante algo más de dos meses una huelga indefinida en la provincia de Málaga, como en el resto de España, para reivindicar mejoras laborales; unos paros que finalizaron la pasada semana tras un acuerdo a nivel nacional con el Gobierno, que, aunque no es del todo satisfactorio, han aceptado en un «ejercicio de responsabilidad». Así lo aseguraron ayer la delegada por Málaga del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Lourdes Vallecillo, y el representante en Málaga de la Unión Progresista de LAJ, José María Casasola.

Aunque los LAJ consideran que la solución a la que se ha llegado está «alejada» de los acuerdos que el pasado abril de 2022 alcanzó el Ministerio de Justicia «para pretendidamente zanjar las movilizaciones parciales» de este colectivo, las bases decidieron aceptar el acuerdo a pesar de las «renuncias» que suponía. Vallecillo señaló que la situación «se estaba volviendo inasumible», por lo que decidieron aceptar el acuerdo planteado; e indicó que ya se está trabajando en «poner los juzgados al día poco a poco». Al respecto, precisó que en Málaga se habrían suspendido unos 6.000 juicios y vistas, junto a otras 3.200 actuaciones judiciales, y se habrían inmovilizado unos siete millones de euros. Consideró que la recuperación de la normalidad dependerá de cada órgano, pero en cualquier caso serán «varios meses». Estimó que los juzgados de Primera Instancia podrían ser «los más afectados», ya que, apuntó, en la jurisdicción penal ha habido «más actuaciones urgentes y servicios mínimos».

Por su parte, el representante en Málaga de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, José María Casasola, subrayó también ese «ejercicio de responsabilidad», ya que, «no queríamos seguir parando la Administración de Justicia durante dos meses o más» ni «bloquear la sociedad malagueña por más tiempo». Añadió que el acuerdo propuesto se ha aceptado «porque la alternativa equivalía a hacer pasar un quinario a los malagueños, en especial a los ciudadanos y profesionales, para alcanzar una mayor prontitud en el cobro de las cantidades comprometidas o un mínimo incremento».

Sobre la normalización, dijo que dependerá de cada órgano judicial, ya que, algunos partían de «una situación previa de colapso, es decir, no generada por la huelga pero sí agravada por esta», precisando que, por ejemplo, en el juzgado de lo Mercantil en el que él ejerce «antes de verano estará normalizado». Justicia «no ha sabido solucionar el problema, sino que ha tenido que tomar las riendas de la negociación la Dirección General de Fundación Pública, dependiente de Hacienda, y ha ofrecido una salida que si bien en la cuestión meramente económica podría ser aceptable, en la conceptual, no nos lo parece, pero hemos preferido no bloquear más tiempo a la sociedad malagueña».