Urbanismo

Los ayuntamientos de Málaga ya agilizan expedientes urbanísticos con los atajos que otorga la LISTA

Los grandes municipios y las pequeñas localidades del interior de la provincia arrojan sus primeras conclusiones, después de que a finales de 2022 fuese aprobado el nuevo reglamento que permite aplicar la enésima reestructuración urbanística para todo el territorio andaluz

El auge económico de la provincia malagueña no ha dejado de atraer a nuevos inversores, alentados por la enorme demanda de inmuebles que en la actualidad existe.

El auge económico de la provincia malagueña no ha dejado de atraer a nuevos inversores, alentados por la enorme demanda de inmuebles que en la actualidad existe. / L. O.

Fran Extremera

Fran Extremera

Los ayuntamientos empiezan a sacar conclusiones sobre las primeras semanas de aplicación del reglamento que la Junta aprobaba, a finales del pasado año, para la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Hay muchas esperanzas depositadas en un marco reglamentario que estaba llamado a «minimizar la burocracia» urbanística en la comunidad autónoma. Y ya empiezan a tomarse los primeros atajos en la agilización de decenas de expedientes.

Algunos de los técnicos municipales consultados han optado por omitir sus nombres, al estar los municipios inmersos en el periodo preelectoral. No obstante, sus testimonios son extraordinariamente útiles para poder arrojar luz sobre el nuevo marco jurídico que pesa sobre el planeamiento de cada localidad. «No es lo mismo regular en la comarca de la Axarquía que en el entorno de Archidona», aclara uno de los arquitectos más veteranos de la provincia, muy cerca de alcanzar la jubilación.

«Me reconozco como funcionario imparcial. Todas las leyes tienen sombras y luces. Pero hacía falta un documento que no alargara hasta morir un proyecto urbanístico. Soy muy malaguista y la intervención judicial en el fútbol también da cuenta de lo que supone una espera excesiva, una casi nula agilidad al resolver un proceso en los tribunales. Salvando las distancias, el paralelismo es evidente», apunta.

Esta misma semana hemos sabido que los residentes foráneos agrupados para regularizar sus viviendas bajo las siglas de SOHA optaban por disolver su colectivo tras casi dos décadas de lucha. «Hemos llegado hasta donde podíamos llegar», expresaban. Entre más de medio millar de afectados, en su mayoría con casas rurales no normalizadas en las localidades axárquicas de Alcaucín y La Viñuela, una amplia mayoría no ha podido culminar el proceso que de inicio planteaban.

Al respecto, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, Francisco Sarabia, defiende que la LISTA ha regulado, junto con el reglamento que la desarrolla, «las edificaciones en suelo rústico». Y apunta que en el proceso se trata de «aliviar las tensiones generadas con las limitaciones anteriores».

Pero no oculta que es pronto para sacar conclusiones: «Ahora corresponde a los técnicos que interpretan la norma autorizar aquellas actuaciones respetuosas con el entorno medioambiental». Y finaliza: Es una buena ocasión para regenerar nuestro medio rural con la adecuada aplicación de la nueva norma».

Otro de los expertos urbanísticos consultados, en este caso el también arquitecto Juan Goñi, subraya la necesidad de analizar con más prisma lo que deparará la LISTA: «Con el paso de los meses se podrá ver mucho mejor el recorrido de la nueva legislación. Pero ya tenemos un asunto muy interesante sobre la mesa. La ley permite separar los recorridos del planteamiento y de la aplicación del urbanismo. Es decir, puede un ayuntamiento quedarse con un planeamiento de hace décadas y, sin embargo, empezar a usar la LISTA y aprovechar de ella las facilidades burocráticas que nos ofrece».

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, apunta que la norma ya permite empezar a sacar a Andalucía del «atasco urbanístico que ha lastrado durante décadas y décadas a los municipios andaluces».

Y recuerda que los objetivos de la LISTA son los de «simplificar el marco jurídico», teniendo como punto de partida dos leyes (la LOTA de 1994 y la LOUA de 2002), un reglamento de disciplina y dos reglamentos estatales de aplicación supletoria de 1978. Pero además se aspira a «reforzar la seguridad jurídica del cuerpo normativo, que es la base para el desarrollo territorial y urbanístico de Andalucía».

En cuanto a la ordenación del territorio, el reglamento fija los mecanismos previstos en la legislación de reciente edición para la concertación con los diferentes ayuntamientos, la gestión de las actuaciones que se prevean en los planes territoriales y la garantía de equilibrio entre los municipio, según se especifica en su texto.

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