Absuelven a Invader por la colocación de sus obras en edificios BIC de Málaga

El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ha absuelto al artista Invader y el exdirector del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Fernando Francés acusados por un delito contra el patrimonio histórico por la colocación de 15 mosaicos del creador galo en edificios protegidos del centro de la capital malagueña.

El juicio quedó visto para sentencia el pasado 13 de julio, solicitando el fiscal para cada procesado una condena al pago de una multa de 24 meses, a 50 euros por día; es decir, 36.000 euros; mientras que las defensas pidieron la absolución de los procesados, coincidiendo en que no hay daños al patrimonio histórico de la ciudad y responsabilizándose mutuamente de los hechos.

La sentencia, de 53 folios, acoge un argumento de las defensas en cuanto a que no hay delito y se basa en la poca entidad de los daños en los edificios con la colocación de los mosaicos, según ha dicho a Europa Press la abogada de Invader, Marisa Castelo. Desde la Fiscalía han indicado que tras una primera lectura de la resolución están valorando la posibilidad de recurrirla.

El artista galo no acudió al juicio para proteger su identidad, según explicó su letrada. Sí declaró el exdirector del CAC Málaga, quien se desvinculó de la 'invasión' --forma de actuar que tiene el creador-- realizada en mayo de 2017 en varios edificios protegidos de la ciudad.

El fiscal mantuvo que hubo "una connivencia entre ambos acusados" y un "acuerdo de voluntades" para llevar a cabo la 'invasión' en edificios declarados como Bien de Interés Cultural (BIC) o con protección "por razones históricas, culturales o artísticas" en el centro de la ciudad.

Juicio a 'Invader' por los mosaicos en Málaga

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Francés, por su parte, declaró que no tuvo "absolutamente ninguna noticia" de que Invader iba a instalar los mosaicos ese día y en esos lugares. "Ni sabía que lo iba a hacer, ni sabía qué iba a hacer, ni dónde lo iba a instalar ni cómo ni cuándo. Y por supuesto no lo financiamos", dijo en el juicio.

La defensa del artista, por su parte, entendía que no había delito y que no hubo intencionalidad en el caso de su cliente, incidiendo en que el artista no conoce la legislación de cada país en el que trabaja y en todo momento actuó "en la creencia de que estaba siendo contratado por una administración".