Los terrenos Repsol y el principio de no regresión de las zonas verdes

En un reciente artículo del exdirector del OMAU Pedro Marín Cots para el número de septiembre de la revista ‘Ciudad Sostenible’, el experto urbanista señala que el polémico planeamiento urbanístico de los terrenos de Repsol ignora el principio de no regresión planificadora en zonas verdes previas, como establecen con mucha claridad tanto dictámenes del Consejo de Estado como la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

De diciembre de 2002 es un dictamen del Consejo de Estado que señala que a la hora de modificar un planeamiento este cambio «no puede comportar disminución de las superficies totales destinadas a zonas verdes», de ahí que considere la superficie de zona verde «un mínimo sin retorno», algo respaldado además por el Derecho Comunitario. 

La excepción para recortar este tipo de espacios sería la existencia de «un interés público especialmente prevalente, acreditado y general» y precisa que «no cabe cuando dicho interés es particular o privado, por gran relevancia social que tenga». 

Una Expo para toda la vida en los terrenos de Repsol

En los terrenos de Repsol hemos visto cómo desde el PGOU de 1983 -cuando toda la parcela se destinó a parque- hasta el planeamiento actual, las zonas verdes han retrocedido como las aguas del Mar Rojo ante Moisés. Cerca de 100.000 m2 de zonas verdes se han perdido, mientras los rascacielos han ganado terreno. 

¿Por el interés general? El Tribunal Supremo, en una sentencia de julio de 2012, recuerda que hay que exigir «un plus de motivación razonada» y «pormenorizada» a la hora de justificar estas actuaciones.

"Un impulso de modernidad"

Sin embargo, en la memoria propositiva de la ordenación de los terrenos de Repsol, en el PGOU de 2011, esta llamativa reducción del que iba a ser el mayor parque urbano de Málaga se argumenta con que la novedad de que se puedan soterrar las vías del tren deja la puerta abierta a «un impulso de modernidad y centralidad funcional demandados en el Plan General». 

La 'modernidad demandada' ha supuesto hacer caso omiso de la jurisprudencia española y el Derecho de la Unión Europea y comerse decenas de miles de metros cuadrados de un parque reservado ya en 1983, para una parte de Málaga con menos de 3 m2 de zonas verdes por vecino y más de 600 habitantes por hectárea. Salvo unas viviendas sociales previstas, ¿dónde está el interés general de la operación? 

Por cierto que en su artículo, Pedro Marín deplora que ni la oposición ni la Junta de Andalucía -entonces gobernada por el PSOE- recurrieran en su día este atropello.

En suma, un motivo más para seguir denunciando esta inmoralidad urbanística.