El Ayuntamiento de Málaga decreta el cese "inmediato" de la actividad en La Invisible

Nuevo frente abierto, oficialmente, en la pugna entre el Ayuntamiento de Málaga y La Invisible por el destino del ya icónico edificio paralelo a las calles Andrés Pérez y Nosquera.

En este último caso, el consistorio actúa a través del Servicio de Aperturas del Área de Comercio, que ha decretado el cese "inmediato" de la actividad de hostelería así como la prohibición efectiva de los espectáculos públicos y las actividades recreativas en La Invisible.

El Ayuntamiento de Málaga advierte al colectivo que en caso de incumplir este decreto de cese de actividad, se enfrentarán a la incoación de un expediente sancionador sin descartar las responsabilidades legales o civiles que pudiera acarrear.

En este sentido, la concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, ya explicó que si La Invisible no acata la obligación del cese de actividad, se abrirá un nuevo procedimiento judicial, que se sumará a los que ya acumula este conflicto. El último procedimiento, aún a la espera de sentencia, arrancó en 2018 y es el que frenó el último intento de desalojo por parte del consistorio.

En el decreto de cese, al que ha accedido este periódico, se hace referencia a diferentes actas policiales en las que se detalla la actividad de pública concurrencia que se desarrolla en el patio de la casa, donde se venden refrescos, cervezas, bebidas alcohólicas y alimentos precocinados desde una barra mientras se reproduce música a través de altavoces o incluso se celebran espectáculos en vivo.

Todo ello sin disponer de declaración responsable, sin permiso de música o para actuaciones en directo, ni hojas de reclamaciones ni seguro de responsabilidad civil y pese a que el inmueble se encuentra clausurado para el uso de actividades de pública concurrencia.

Apercibimiento

Tras la denuncia, el Ayuntamiento de Málaga sostiene que se apercibió al colectivo de que se abstuviera de realizar estas actividades sin contar con la autorización administrativa pertinente y le concedió un plazo de 10 días para alegar, sin que se haya recibido respuesta por parte de La Invisible.

Pérez de Siles sostenía que en caso de accidente o altercado, la responsabilidad recae sobre el Ayuntamiento de Málaga, en especial, en un espacio que no garantiza "la seguridad de los usuarios" y celebra actividades de pública concurrencia.