El gasto sanitario ante la debacle económica

Desde que el gobierno de coalición decretara el estado de alarma para contener las infecciones por el Covid-19 el pasado 14 de marzo de 2020, parece estamos situados de nuevo en la casilla de salida. Recordaremos como el presidente del Gobierno, en sede parlamentaria el 10 de junio, anunciaba que «la unidad de la ciudadanía y las instituciones han permitido vencer al virus», pero meses después, el 26 de octubre, el Gobierno volvía a decretar un nuevo estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el citado virus. A 9 de febrero de 2021 la cifra de fallecimientos por el virus sobrepasa los 81.000 según el Instituto Carlos III, y superamos los 3 millones de contagiados, mientras esperamos el ‘bálsamo de fierabrás’, - las vacunas y las ayudas de reconstrucción de la Unión Europea-, que parece lo arreglarán todo, viviendo en un torbellino de noticias que nos intranquilizan sobre qué mascarillas son más convenientes, sabotajes en algún hospital, incumplimiento de los protocolos en las vacunaciones, errático suministro de vacunas por la industria farmacéutica a la Unión Europea, entre otras muchas noticias anunciadas por los medios de comunicación en estos días.

La investigación realizada por mí, ‘Reflexiones sobre el gasto sanitario en España y el Covid 19’, publicada el 21 de mayo del 2020 por el Colegio de Economistas de Málaga, sobre tres artículos que anteriormente había publicado el diario La Opinión de Málaga, se centraba en estudiar el gasto presupuestario autonómico en el periodo entre 2008 y 2019, comparando el «esfuerzo presupuestario en sanidad» de cada una de las autonomías analizadas, indicador que señala el porcentaje que cada comunidad dedica a sanidad pública del total de su gasto anual. En él exponía las grandes diferencias existentes en el gasto público por habitantes según la comunidad autónoma de que tratásemos, lo que hace que las más pobres tengan mayor dificulta en asignar recursos a la sanidad, por lo que el indicador «esfuerzo presupuestario en sanidad» se muestra como un buen medidor comparativo del gasto sanitario que presupuestan anualmente nuestras comunidades. Ponía de manifiesto que las comunidades forales son las que cuentan con un sistema de financiación más beneficioso, lo que otorga privilegios a sus ciudadanos sobre los del resto de territorios, lo que parece no ajustarse a lo establecido por nuestra Constitución, debiendo ser objeto de una profunda reflexión. Señalaba también la necesidad de una mayor coordinación entre los distintos gobiernos territoriales ante los impactos económicos, sociales y sanitarios que llegasen, para intentar evitar el incremento de la pobreza y la exclusión social en ciertas autonomías a causa del Covid-19.

Los gobiernos autonómicos con mayor «esfuerzo presupuestario en sanidad pública» en el periodo 2008-2020, han sido los de Castilla León, Canarias, Madrid y Murcia, curiosamente territorios gobernados por la misma fuerza política durante todo el periodo

Actualizada ahora con los datos del año 2020, observamos como los gobiernos autonómicos con mayor «esfuerzo presupuestario en sanidad pública» en el periodo 2008-2020, han sido los de Castilla León, Canarias, Madrid y Murcia, curiosamente territorios gobernados por la misma fuerza política durante todo el periodo. Los recortes más contundentes, los encontramos en la Comunidad Valenciana y en la catalana, superiores a 10 puntos porcentuales entre los años de mayor y menor porcentaje. La comunidad que en 2020 más destina a sanidad es Castilla León con un 36,45% de su Presupuesto, y la que menos Cataluña con un 25,3%, advirtiendo como el pueblo catalán reafirma su apoyo a la coalición de partidos separatistas en estas elecciones del 14F cuando les han reducido en 10 puntos porcentuales el gasto sanitario a cambio de subirlo en política exterior o altos cargos entre otros.

Hoy, después de un año del primer fallecido por el virus, pensamos que el Gobierno central estará planificando como emplear los fondos europeos para la reconstrucción y como estos pueden fortalecer el sistema sanitario público, aunque desconocemos el contenido del informe del Consejo de Estado sobre el decreto que ordena la distribución de estos fondos por el Gobierno central. Mientras esperamos del ‘maná europeo’, la comparativa interanual a final de enero 2021 de los datos obrantes en la base de datos estadísticos de la Seguridad Social, ofrece una pérdida de unos 350.000 de trabajadores a nivel nacional, el 53% hombres y el 47% mujeres, asumiendo la provincia de Málaga unos 21.000, un 58% del total andaluz. De otro lado sabemos que contamos con 738.969 trabajadores en ERTE en toda España, un 48% son hombres y un 52% mujeres, de los que nuestra provincia es responsable de 34.043, un 34% del total andaluz, y se han destruido algo más de 101.000 empresas a nivel estatal, de las que el 57% mantenían un solo trabajador, y el 25% de 2 a 5 trabajadores. Nuestra provincia localiza la destrucción de empleo en los municipios de la franja litoral y en el entorno de la capital, centrando esta pérdida en las actividades vinculadas con el turismo, el comercio, la construcción y actividades inmobiliarias, así como la industria, mientras observamos como crea empleo en las actividades de sanidad, servicios sociales y educación. Martin Luther King señalaba que «Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda», lo que exige un compromiso valiente contra «la estulticia» que parece invadirlo todo.