«La reforma laboral no quiere evitar la temporalidad, que es innata a la economía, pero sí los abusos»

El malagueño Javier González de Lara preside desde hace más de diez años la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y, desde 2014, la patronal andaluza CEA, a cuyas elecciones se presenta el próximo 9 de marzo como candidato de consenso para encarar un tercer mandato. Defensor acérrimo del diálogo social, ha sido testigo directo, en su calidad de vicepresidente de la CEOE, de las negociaciones y el acuerdo alcanzado por el Gobierno, CCOO y UGT y los propios empresarios en torno a la reforma laboral. A su juicio, el texto, que debe ser ahora aprobado en las Cortes, preserva el actual modelo de relaciones laborales, aunque con cambios que buscan potenciar el empleo estable. En Málaga, más del 90% de los contratos que se firman cada mes son temporales, y uno de cada tres trabajadores tiene un contrato de esta categoría. Unas tasas altísimas que se quieren atajar con la nueva reforma.

¿Qué destaca del texto?

Lo primero, que es fruto del acuerdo del diálogo social, algo que, como siempre he dicho, es una infraestructura básica en un territorio. Pasa como con la salud, cuando falta es cuando te das cuenta de su importancia. No se pueden radicalizar posturas; hay que negociar siempre. En la reforma laboral había unas líneas rojas, y no se han traspasado, aunque todas las partes hemos cedido en algo, también los empresarios. Es un acuerdo positivo porque no ha habido una derogación de la anterior reforma laboral. Se han reformado algunos artículos del Estatuto de los Trabajadores, pero era algo que se podía firmar y defender, y así lo hemos hecho. Esperamos ahora que nuestros representantes políticos en el Parlamento tengan ahora la altura de miras necesaria para respetar este acuerdo. Lo más importante es que el acuerdo consolida el modelo laboral actual y que es un ejercicio de responsabilidad por parte de los agentes sociales, porque favorece la confianza hacia España en la UE y el mundo.

El pacto parece haber levantado tensión en la propia CEOE, la patronal catalana Foment del Traball pedía cambios, aunque luego se ha retractado.

La CEOE representa a millones de empresas en España, ha habido debate y discusión, pero siempre dentro de una lealtad interna enorme. De las más de 700 asociaciones que hay en la CEOE, únicamente cuatro se abstuvieron. Es lógico que haya disparidad de criterios y que se quisiera conseguir más resultados en determinadas cuestiones o que se no se cediera en algunos aspectos, pero nadie votó en contra. A veces se magnifica cuando las asociaciones expresan una opinión que puede ser diferente a la mayoritaria. Hay que respetarlo.

El PP también fue crítico con el texto, lo que es también un dardo hacia ustedes. ¿Se han enturbiado las relaciones de la CEOE con esta formación?

En absoluto. Hubo hace poco un encuentro entre Pablo Casado y Antonio Garamendi que revelan que hay buena sintonía y respeto absoluto. La relación es fluida y hay una comunicación permanente. Obviamente, no siempre se coincide en los planteamientos y estrategias la CEOE y el PP. Ellos han reconocido que se respeta el núcleo de la reforma laboral de Mariano Rajoy y Fátima Báñez. La síntesis es que tenemos todos la responsabilidad común de que hay que reducir la tasa de temporalidad en nuestro país.

«Todas las partes hemos cedido y no ha habido una derogación de la anterior reforma. Esperemos que nuestros representantes políticos en el Paralmento tengan altura de miras para respetar el acuerdo»

La excesiva temporalidad del mercado de trabajo español y malagueño ha sido siempre una de las grandes quejas de los sindicatos, ¿cree que con este texto se corregirá ese aspecto?

Creemos que el acuerdo va a permitir que no se dispare la tasa de temporalidad y que se pongan las bases para afrontar el desempleo juvenil que es muy elevado y roza el 40%. Había que alcanzar un acuerdo que nos permitiera a los empresarios conservar los criterios de flexibilidad interna que queríamos: algo tan importante como, por ejemplo, poder modificar las condiciones de trabajo cuando llegan crisis puntuales con acuerdos con la plantilla en temas de salario, de jornada... al final toda esa flexibilidad se mantiene, y a la temporalidad se le ponen ciertas limitaciones. De alguna forma, era una petición sindical, pero beneficia a todos. Como digo, todas las partes hemos cedido y es una propuesta positiva que tendrá que ser convalidada en el Parlamento. Vamos a esperar a ese momento. Para nosotros, lo más importante es consolidar una política de pactos en un país que necesita más acuerdos de estado en temas estratégicos.

CCOO y UGT dicen que su deseo es que en la tramitación en el Congreso no haya cambios en el texto. ¿Ustedes verían bien que hubiera modificaciones a través de aportaciones de los grupos políticos?

Coincidimos con los sindicatos. Que haya todo el debate que haga falta en el Parlamento, que para eso está, pero se debe tener también en consideración que los agentes sociales estamos reconocidos en la Constitución. No es que estemos en la verdad absoluta pero, por una cuestión de sensibilidad social, inteligencia y sentido común, creo que hay que respetar lo que acordemos empresarios y sindicatos, que somos los expertos en materia laboral. Nos sentimos cómodos con el acuerdo, todo lo que sea tocarlo nos puede obligar a rechazar la decisión. Quiero ser prudente. Los grupos pueden hacer sus aportaciones pero el Gobierno es el que la tiene la obligación de que garantizar que se cumpla lo firmado. Vemos razonable que las Cortes Generales deban escuchar a la sociedad civil, atentos a los acuerdos de los agentes sociales a través de la negociación del diálogo social. De ahí nuestra petición de altura de miras y visión de Estado.

¿Están las empresas malagueñas preparadas para interiorizar que el contrato, de entrada, debe ser indefinido? Hay quien piensa que la temporalidad ha sido el recurso fácil de los empresarios para cubrir puestos estructurales sin tener que hacer fijo al trabajador.

Creo que eso sería una lectura parcial. El Estatuto de los Trabajadores establece desde hace más de 40 años que siempre tendrá carácter prioritario el contrato indefinido. Otra cosa es que luego existan las excepciones al mismo, que son los contratos temporales justificados. Es cierto que poniendo ciertas limitaciones a la temporalidad se puede usar más el contrato fijo discontinuo. Habrá muchas opciones para las empresas malagueñas, impulsando la estabilidad en el empleo pero también preservando la contratación temporal para atender las oscilaciones de la actividad empresarial. Habrá también nuevos contratos de formación para jóvenes. Lo que queremos con la reforma no es evitar la temporalidad, que es algo innato a la actividad económica (en la agricultura o en el turismo, por ejemplo), sino que no haya abusos, que no haya concatenación injustificada de contratos. Los empresarios queremos ser corresponsables socialmente.

Reconoce entonces, como dicen los sindicatos, que los hay.

Abusos, extralimitaciones, mal uso, llámelo como quiera, aunque no estoy universalizando. Pasa en todos los ámbitos. También puede haber casos de trabajadores que no cumplen porque, por ejemplo, son absentistas crónicos, y no por eso se puede generalizar.

Los ERTE se han revelado como uno de los mejores instrumentos para evitar la destrucción de empleo en la pandemia.

Sí, y hemos acordado, tras la experiencia positiva de la pandemia con los ERTE, que se incorpore su gestión como elemento de preservación en el empleo. Quedarían así en el corpus normativo del Estatuto de los Trabajadores, y no dependerían de decisiones políticas o de un plazo. Los ERTE han permitido a muchas empresas asegurar su supervivencia y no despedir en masa a los trabajadores. Han dado un resultado excelente.

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¿Qué comportamiento económico espera para este 2022?

El 2021 ha sido de enorme incertidumbre. El certificado de defunción de la pandemia no ha llegado y, de hecho, tenemos todavía unos ratios de incidencia muy elevados a nivel de contagios. Estamos deseando que empiece a remitir la sexta ola pero la realidad es que la incertidumbre sanitaria está siendo agravada por el incremento de los costes energéticos, las dificultades logísticas y el efecto de una inflación desbocada que se ha ido al 6,5%. Son ingredientes que retrasan las expectativas de recuperación.

El ritmo de creación de empresas en Málaga, según el INE y la Seguridad Social, es bueno, pero muchas pymes, en su día a día, lo siguen pasando mal.

La economía malagueña está intentando apuntalar su recuperación, pero está pendiente de la evolución de la sexta ola. Tenemos más trabajadores y empresas que hace un año, las exportaciones crecen, el turismo, pero la crisis sanitaria no descansa. Tenemos esperanzas de recuperación, pero el largo túnel sigue ahí. Ya conseguimos desde CEA y CEOE que el Gobierno aceptara una moratoria del plazo concursal hasta finales del próximo mes de junio, para evitar que muchas empresas que están en pérdidas por la pandemia entren en quiebra y desaparezcan. Si no lo hubiéramos conseguido, miles de empresas, de pymes hubieran entrado el 1 de enero en causa de disolución. Se trata de ganar tiempo para las empresas. Eso no le cuesta dinero a nadie, se trata de poner el pie en el cuello.

CCOO y UGT se quejan de que en Málaga la negociación de los convenios colectivos está muy parada.

Siempre ha habido lealtad de la CEM en la negociación con los sindicatos. Esa crítica no debería ser tal. Se está buscando en la CEOE impulsar en breve, a nivel nacional, un posible acuerdo de negociación colectiva (ANC) que sirva de referencia para marcar unos parámetros de subidas salariales. Más gestos y más movimientos no se pueden hacer. Otra cosa es que luego nos pongamos de acuerdo en torno a los años de duración (nosotros querríamos dos o tres) o el tipo de subida.

Pero la realidad es que las subidas de salarios que se ha negociado en 2021 en Málaga se ha quedado, por diversas circunstancias, en el 0,4%, cuando la inflación se ha ido al 5,5%. ¿Habría que aplicar incrementos mayores para evitar que las familias pierdan poder adquisitivo?

No es cuestión de que lo queramos los empresarios, es que al final podemos convertir una inflación coyuntural en otra estructural. Si hay un incremento desmedido de los salarios al final se genera más inflación. Eso lo dice el Banco Central Europeo, el Banco de España y el FMI, no sólo los empresarios. Tenemos que ser muy cautelosos, recuperar poder adquisitivo en la medida de lo razonable y de las capacidades de las empresas, todo dentro de un criterio de sensatez y de equilibrio. Ahí estaremos siempre dispuestos al acuerdo.

¿Debe ser el año de los fondos Next Generation?

Es la clave. Son unos fondos importantísimos que deben de transformar nuestra economía. No son fondos de cohesión ni de territorio. Debe haber una colaboración públlico-privada inteligente para identificar lo que son proyectos tractores y sectores estratégicos, sin que necesitamos una gestión eficiente por parte de las administraciones. A Andalucía van a venir entre 24.000 y 30.000 millones hasta 2026. Las ayudas van a ser históricas y, por eso, también debe ser memorables la gestión de las mismas, tanto por parte del Gobierno como de la Junta. Y hoy por hoy, hay un retraso enorme en la llegada de las ayudas a las empresas. De los famosos 140.000 millones de los Next Generation, sólo se han licitado 9.000 y, hasta hace pocos meses, únicamente 104 habían llegado a las empresas. Tenemos un problema enorme de canalización. Se habla mucho del reparto, pero lo que necesitamos es eficiencia administrativa ¿Qué va a pasar si no aprovechamos esa ingente cantidad de millones?

Se acaba de conocer que optará a un tercer mandato al frente de la CEA, y dado que su candidatura es apoyada por los órganos de dirección, se da por seguro que saldrá reelegido.

Me puse a disposición de la organización para lo que vieran mejor y el apoyo ha sido unánime. Cuando llevas dos mandatos puedes pensar que igual era mejor que vinieran otros pero he visto un apoyo absoluto y un nivel de convicción importante.

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En corto

 ¿Habría que aplicar un aplazamiento para la devolución de los préstamos ICO? Hay que empezar a devolverlos en abril, y pymes y autónomos se quejan de que sus ventas no se han recuperado aún.

Debería haber una prórroga. La actividad económica no ha tenido en este tiempo la necesaria estabilidad. Hablamos de ganar tiempo. A las empresas no se les puede exigir que tengan músculo financiero cuando, por ejemplo, en el caso del sector turístico, la gente no pudo viajar en muchas fases de la pandemia.

El Gobierno ha presentado una propuesta de reforma del sistema de cotización y no parece haber gustado al sector.

No nos ha agradado. Ese nuevo sistema de cotización por tramos, a corto plazo, no deja de ser a corto plazo un incremento impositivo encubierto. Además, se habla de ingresos reales o ingresos netos, y eso genera un desequilibrio a los autónomos que son personas en relación a los autónomos societarios. Al final, lo que se hace es dividir. Hay que buscar un marco más sensato y negociado con las asociaciones.