Urbanismo demandará a empresas por la destrucción de una pintura mural del XVIII en calle Altozano

La Gerencia Municipal de Urbanismo va a demandar en el juzgado a las empresas implicadas en un error, por el que se eliminó una pintura mural del XVIII de una casa de calle Altozano, 18, esquina con calle San Cayetano, después de que un informe asegurara que en esa parte de la fachada no existían pinturas murales.

Como señaló esta semana el concejal de Urbanismo, Raúl López, es «la primera vez en la historia» que la GMU emprende una acción parecida: «Debemos perseguir a quien hace mal el trabajo; se trata de una actuación complementaria de la Gerencia para que una actuación negligente no quede impune», destacó, al tiempo que indicó que la acción judicial se emprenderá contra todas las empresas implicadas. 

Como informó La Opinión el pasado mes de febrero, por esta actuación la Gerencia de Urbanismo multó con 3.000 euros a Jorge Cáceres, propietario y promotor de la obra, pese a que alegó que se había fiado del informe que le presentó una empresa especializada que le aseguraba que donde iba a abrir una ventana no había pinturas. Por este motivo, a su vez Jorge Cáceres ha presentado un contencioso administrativo contra la decisión de Urbanismo de multarle.

Según declaró Raúl López, que se reunió con este pequeño promotor, la sanción urbanística de 3.000 euros no se puede levantar, «pero no es menos cierto que se fió, de buena fe, de un informe que aseguraba que no había pinturas murales», destacó el concejal, que por este motivo consideró de justicia que la GMU lleve a juicio "a todas las implicadas".

La ventana

A comienzos de febrero Jorge Cáceres contó su caso en La Opinión. Tras comprar la vivienda, del XVIII, que se encontraba en un estado ruinoso, contrató a empresas homologadas por el Ayuntamiento para restaurarla y hasta recibió una subvención inicial de la Oficina de Rehabilitación del Centro de alrededor de 39.700 euros, luego rebajada a 31.000 por no cumplir algunos de los criterios.

En la calle San Cayetano, una ventana que daba luz a una antigua escalera se encontraba a ras de suelo de la planta primera, por eso decidió subir la ventana, con la autorización de la Junta y Urbanismo para esa apertura del hueco.

«Se hicieron dos catas antes de empezar la obra y no aparecieron pinturas, tampoco constaban en los planos previos ni en el informa final de la empresa restauradora», comentaba esta semana. De cualquier forma, envió un correo electrónico a todos los responsables «pidiendo por favor que revisaran bien todo, que se aseguraran, no fueran a abrir un hueco y se perdieran pinturas murales».

Pese a tantas precauciones, al subir la ventana se presentó una técnica de Urbanismo «montando un pollo porque tenía una foto de 5x5 diciendo que ahí había pinturas», contaba en febrero.

En un primer momento la GMU le pidió 6.000 euros por los daños y llevó el caso a la Fiscalía Provincial, que desestimó la vía penal. La sanción que siguió, de 3.000 euros, es la que ha recurrido. El juicio está fijado para octubre de 2023. Lo que sí ha hecho en este tiempo la GMU es aplazar dos meses la sanción. El plazo termina en agosto, cuenta el propietario.

Para Jorge Cáceres, la actuación que emprenderá la GMU en los juzgados sería insuficiente si los implicados terminaran siendo la empresa constructora y la empresa restauradora. A su juicio, el Ayuntamiento también debería actuar contra la arquitecta y el arquitecto técnico de la obra. «Un autopromotor se hace una casa y al final te quedas desamparado. Todos tienen que pagar el pato», sostiene. 

Suscríbete para seguir leyendo