Málaga estudia la figura fiscal para implantar la tasa de basura que exige la Ley de Residuos

El Ayuntamiento de Málaga está estudiando la figura fiscal por la que implantará la tasa de basura que exige la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

En concreto, lo que Gestrisam está analizando ahora es si se establecerá como una tasa o como una prestación patrimonial "de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria" que permitirá establecer un sistema de pago por generación, es decir, un pago por el total de residuos producidos.

Por tanto, el consistorio deberá decantarse por una de las dos opciones que propone la ley a los ayuntamientos para asumir el coste de la gestión de residuos, una tasa o una prestación.

Según ha explicado el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, durante la comparecencia solicitada en comisión por Unidas Podemos, la tasa sería gestionada por Gestrisam mientras que la prestación dependería de Limasam.

"Es una complejidad organizativa que estamos analizando. El IVA que tendría que gravar esa prestación, no así las tasas", ejemplificó Conde, que no entró en detalles sobre la cuantía de esa futura tasa o prestación, al encontrarse en una "fase muy preliminar". En cualquier caso, el Ayuntamiento de Málaga tendrá hasta abril de 2025 para regular esta nueva figura fiscal.

La Ley de Residuos incluye ambas figuras fiscales para que los ayuntamientos puedan hacer frente al coste de la gestión de los residuos de competencia local, incluyendo las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, la vigilancia de los vertederos o las campañas de concienciación y comunicación.

"La FEMP [ Federación Española de Municipios y Provincias] está planteando la necesidad de que se establezcan líneas en las que el ciudadano sea todavía mucho más responsable de sus actos porque cuanto menos se separe la basura en origen, mayor es la tasa de transferencia a vertederos. Cuanto menos se clasifique en origen por parte del ciudadanos, mayor es el coste de tratamiento de cribado de toda esa basura y hablamos de decenas de miles de toneladas", ha insistido el edil de Economía y Hacienda.

Sanción a los ayuntamientos

Esto es así porque la nueva Ley de Residuos penaliza a las administraciones públicas desde el 1 de enero de este año por cada tonelada de basura no reciclada que llegue a los vertederos, lo que obliga a mejorar los sistemas de recogida selectiva y gestión de los residuos para minimizar el impacto de este "impuesto verde" en las arcas municipales.

Según denuncian desde Unidas Podemos, a Los Ruices llegan diariamente unas 730 toneladas no recicladas, por lo que el Ayuntamiento de Málaga tendrá que asumir una multa anual de ocho millones de euros.

"En Málaga el 50% de lo que la ciudadanía malagueña recicla se entierra en el vertedero de los Ruices y por eso va a tener que pagar de su bolsillo ocho millones de euros al año", ha criticado la concejala de Unidas Podemos, Remedios Ramos, que además ha recordado el acuerdo adoptado esta semana en la Comisión de Medioambiente por el que el consistorio se compromete a "estudiar fórmulas" para que esa sanción no repercuta en los ciudadanos.

"Iremos trabajando en mejorar nuestra planta de tratamiento para que todo lo que llegue que no esté debidamente separado por parte del vecino podamos darle un tratamiento adicional para bajar todavía más esa tasa de transferencia a vertederos", ha zanjado Conde.