Los taxis de Málaga celebran la regulación estatal de los VTC y piden al Ayuntamiento de Málaga que la aplique

Los taxistas de Málaga ven con buenos ojos la nueva regulación aprobada por el Gobierno esta semana que limitará la concesión de licencias estatales de VTC en base a criterios medioambientales y de gestión del tráfico.

Una regulación que llega después de que la Justicia europea haya tumbado la limitación de una licencia de vehículos de transporte con conductor (VTC), por ejemplo, Cabify, Uber o Bolt, por cada 30 taxis, encendiendo así todas las alarmas en el gremio , que incluso había organizado una manifestación en Madrid ayer jueves que finalmente se ha desconvocado.

El Ejecutivo declara el taxi como servicio de interés público y habilita a las comunidades autónomas para limitar las VTC

En concreto, la nueva regulación responde a una modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que aprobó el martes el Consejo de Ministros a través de un Real Decreto y que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

«Era lo mínimo que podía hacer el gobierno, blindar el taxi. Lo que no puede ser es que ante un servicio público como el taxi no haya un control de esos VTC», valora Miguel Ángel Martín, presidente de Aumat.

«Si tuviéramos la validez y la certeza de que eso va a ser así, pues es un paso adelante para que se pueda regular un servicio que está totalmente libre y actúan de manera impune», añade Guillermo Díaz, de Élite Taxi Costa del Sol, que se muestra «prudente» en cuanto al desarrollo de esta nueva regulación, especialmente ante la incertidumbre del período electoral que viene ahora en julio con las generales.

Nueva regulación

Esos cambios en la normativa incluyen, por un lado, la declaración del taxi como un servicio de «interés público», por lo que las administraciones públicas deben «garantizar la prestación de un servicio de calidad para todos los usuarios, no discriminatorio y con una cobertura de prestación suficiente en todo el territorio».

Además, se incluyen nuevos criterios para limitar la otorgación de nuevas licencias estatales a VTC en función de la calidad del aire. «La autorización será denegada si, en el momento del otorgamiento, se supera el valor límite anual de NO2 o PM2,5 o el valor objetivo o valor objetivo a largo plazo del O3, regulados en la normativa de mejora de la calidad del aire, en alguna zona o aglomeración incluida en la comunidad autónoma en la que pretenda domiciliarse la autorización», señala la norma, que indica que los indicadores de calidad de aire dependerán del último informe que haya publicado el Ministerio para la Transición Ecológica.

Asimismo, ofrece a las comunidades autónomas la posibilidad de establecer «otros criterios de mejora de la calidad del aire» según las directrices de la Organización Mundial de la Salud o en el marco del Derecho comunitario.

Eso sí, estarán exentos de esta limitación los vehículos que sean eléctricos cero emisiones de batería (BEV), de célula de combustible (FCEV) o de combustión de hidrógeno (HICEV).

«Asimismo, la autorización podrá ser denegada por aplicación de criterios objetivos relativos a la reducción de emisiones CO2, gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, establecidos para su ámbito territorial», continúa la norma.

En cuanto a la gestión del tráfico, se deberá definir un criterio objetivo de congestión que, tal y como recoge la ley, «podrá estar basado en un indicador que refleje la diferencia entre la velocidad media en condiciones de flujo libre y la velocidad registrada en distintos momentos del día», aunque también lo deja abierto a las comunidades para que apliquen sus propios criterios.

Asimismo, las comunidades podrán limitar el número máximo de autorizaciones de arrendamiento por cada solicitud.

Ayuntamiento

La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres se refiere en particular a los ayuntamientos, que también tendrán un papel relevante en la otorgación de las licencias.

En concreto, los consistorios podrán establecer una autorización adicional a la autonómica para los VTC dentro de su ámbito territorial, que deberá estar «justificada por razones de interés público, tales como la protección del medioambiente urbano o la garantía de la seguridad vial, y resultar proporcionadas garantizando, en todo caso, la sostenibilidad, calidad y seguridad de los servicios de interés público involucrados», según la normativa.

Fuentes municipales informan a este periódico que el consistorio ya está estudiando la normativa aunque se mantiene «a la espera de que la autonomía apruebe en desarrollo de dicha regulación estatal».

Por su parte, los taxistas de Málaga esperan que el consistorio emplee esta herramienta para limitar la presencia de los VTC en la capital que, aseguran, superan los 2.200 vehículos frente a los 1.400 taxis, según Guillermo Díaz.

«Es un paso adelante pero deja la patata caliente en los municipios, que son los que tendrán que determinar qué van a hacer», indica Díaz, de Elite Taxi Costa del Sol, que se muestra prudente en cuanto al desarrollo de esta nueva regulación, especialmente ante laincertidumbre del período electoral:«Llevamos tanto tiempo desde 2008 queriendo ser optimista. Nos dijeron que esto no nos afectaba, luego dejaron un vacío legal y entraron todas los VTC. En 2015 dijeron que iba a poner un decreto que iba a cumplir el 1/30 y ha quedado en saco roto.... aunque esto esté escrito, nos preguntamos si tendrá alguna validez».

«Espero que con este nuevo decreto, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tomen buena nota y apliquen esa regulación. El ayuntamiento va a tener potestad para regular, que usen esa herramienta para regular la proporcionalidad», añade Miguel Ángel Martín, de Aumat.

Según los últimos datos del Ministerio de Transportes, en la provincia de Málaga hay ya 2.427 VTC, solo por detrás de Madrid, con 8.795 vehículos y Barcelona, con 2.695 vehículos con conductor.