Caso Koldo: niego la mayor

La salida de José Luis Ábalos del grupo parlamentario socialista del Congreso de los Diputados va a convertirse en el principal problema del PSOE en el ámbito político y en el ámbito interno del propio partido en lo que queda de legislatura. Si por algo se han caracterizado los años de gobierno de Pedro Sánchez es por la ausencia de casos de corrupción que tanto marcaron las legislaturas del Partido Popular y que supusieron la caída de Mariano Rajoy. Lo primero que hay que dejar bien claro es que José Luis Ábalos no ha sido acusado de nada ni su nombre se ha visto implicado en ningún acto ilícito. Las investigaciones policiales y la instrucción judicial le han dejado al margen de los tres principales cabecillas que hicieron una pequeña fortuna vendiendo mascarillas a varias comunidades autónomas durante los meses más duros de la pandemia. Vaya por delante todo mi asco y repulsa a aquellos que se aprovecharon de aquellos difíciles días para enriquecerse actuando como simples intermediarios. En este grupo de aprovechados incluyo al que fue asesor de Ábalos, ese tal Koldo, a los empresarios que se arrimaron a él y a otros como el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid que obtuvo 250.000 euros después de llevar a los hospitales de Madrid en un par de camiones cajas con mascarillas que acababan de llegar de China. Frente a individuos como estos el personal sanitario y los trabajadores de los supermercados (entres otros muchos colectivos) se jugaron la vida por el bien de España.

Pero lo más importante de este nuevo caso de corrupción es, como decía, que va a marcar un antes y un después en las filas socialistas. Como decía hay que aclarar que a día de hoy Ábalos no ha sido imputado ni tampoco vinculado de ninguna forma con los cuatro aprovechados que, gracias a Koldo García y a la confianza que José Luis Ábalos le había concedido, lograron suministrar mascarillas a varias administraciones comprándolas previamente a suministradores de China. También hay que tener en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde que estos hechos sucedieron, más de dos años. Por tanto, la primera pregunta que cabe hacerse es cuánto tiempo debe pasar para que la responsabilidad política respecto a un subordinado desaparezca y no sea reprochable. Más de dos años por lo que parece para el PSOE. ¿Y si hubiese ocurrido hace cinco años? ¿Y hace diez? ¿Hubiera tenido que haber dimitido también José Luis Ábalos? ¿Quién establece el límite temporal?

La segunda pregunta que nos podemos plantear es por qué Ábalos debe dimitir de cualquier cargo político que ostente y de su condición de diputado. La dirección del PSOE le responsabiliza de unos actos cometidos hace más de dos años, cuando era ministro, por una persona de su confianza que a su vez venía avalada por el partido socialista y por Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE. Si mañana un ex asesor de Alberto Núñez Feijóo durante la etapa en que este último fue presidente de la Xunta de Galicia es detenido y acusado de cohecho y de tráfico de influencias, ¿debería dimitir Feijóo de su condición de diputado y de presidente del Partido Popular? Yo creo que no.

En tercer lugar se debe reflexionar, como ya he hecho en alguna ocasión en estas mismas páginas, sobre la necesidad de que las personas que acceden a puestos de responsabilidad en la Administración tengan una formación adecuada al cargo. Hoy en día la mayor parte de los trabajos en la Administración implican un cierto conocimiento de Derecho Administrativo. Cualquier persona no vale para ser asesor. Dejando ascender a personas sin formación académica se corre el riesgo de, como mínimo, que metan la pata en asuntos que no conocen. También vendría bien que tuvieran un conocimiento aunque fuera rudimentario de Derecho Penal para así saber diferenciar entre lo que es delito y lo que no.

Pero por encima de cualquier información periodística u opinión personal están las actuaciones judiciales. O mejor dicho la diferencia entre una instrucción judicial y su posterior enjuiciamiento por un tribunal distinto. La presunción de inocencia debe prevalecer siempre y hasta que una persona no es condenada por sentencia firme ningún reproche se le puede hacer. Ejemplo de ello sería la cacería judicial y periodística a la que fue sometido el casi extinguido partido Podemos. Todas aquellas portadas de periódicos y autos judiciales acusando a los dirigentes de Podemos de quedarse con dinero que no era suyo o de tener contactos estrechos con Venezuela quedaron en nada, pero la llamada «pena de telediario» consiguió su objetivo: Podemos desapareció del panorama político.

Dejemos, por tanto, trabajar a los jueces. No sería la primera vez que un presunto escándalo queda en nada. Ahí tenemos, por ejemplo, al hermano de Isabel Díaz Ayuso, que fue exonerado por la justicia de haberse aprovechado de su condición familiar para obtener un pelotazo vendiendo mascarillas a la Comunidad de Madrid.

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