La Invisible convoca una manifestación contra el "hostigamiento" del Ayuntamiento de Málaga

La Invisible volverá a salir a manifestarse por las calles de Málaga el 3 de febrero en respuesta al cese de actividad decretado por el Area de Comercio a finales del año pasado y que ya se ha notificado a los miembros del colectivo.

La marcha empezará a las 12 de la mañana del sábado frente a la puerta de La Invisible en la calle Nosquera, desde donde partirá hasta las puertas del Ayuntamiento de Málaga para reclamarle al alcalde, Francisco de la Torre, que retome el diálogo para avanzar en la cesión del espacio, que es propiedad municipal.

Esta mañana, en una rueda de prensa convocada en el patio del edificio okupado, han denunciado un proceso de "hostigamiento administrativo, burocrático y legal" por parte del consistorio, así como una presencia "completamente absurda y desproporcionada" de la Policía Local a través de agentes de paisano que, aseguran, muestran una actitud "intimidante" que, en su opinión, persigue que la gente deje de acudir a La Invisible.

"Obedece a que el espacio se entienda como un espacio acosado, un espacio rodeado, en el que en cualquier momento cualquier agente te puede pedir que te identifique y amenazarte con un procedimiento sancionador, y de alguna manera disuadir", ha explicado la abogada Amanda Romero, del equipo jurídico de La Invisible. "No solo no van a conseguir eso, sino que han conseguido lo contrario, han pegado una patada a un avispero".

Romero ha asegurado que "se están articulando muchos colectivos y personalidades" con lo que se va a organizar un calendario de acciones de aquí al día de la manifestación que, entienden, será el culmen tras tres semanas de eventos en protesta ante el bloqueo de los "procesos de acuerdo" por parte de De la Torre, al que han acusado de mantener una actitud "autoritaria" tras su mayoría absoluta.

De hecho, sostienen que la manifestación será una suerte de punto de inflexión para replantear la estrategia de La Invisible, para lo que contemplan "cualquier posibilidad" incluida la "desobediencia", ha recalcado Romero, que no ha querido entrar en detalles, más allá de aclarar que será "desde la legitimidad y la organización ciudadana".

"El límite que nos planteamos es de aquí a la manifestación del 3 de febrero, en el que la Invisible nuevamente vuelve a mostrar su actitud para poder resolver esta cuestión de manera negociada. Pero si esa vía no se abre [la del diálogo con el consistorio], La Invisible tendrá que replantearse su estrategia". "Es obvio que dos personas no se pueden sentar a negociar y a dar una salida negociada si una de ellas no quiere", ha zanjado.

Suspensión de actividades

En cualquier caso, por el momento La Invisible ha decidido suspender todas las actividades que desarrollaba en el patio del inmueble así como el ejercicio de la barra, en cumplimiento del decreto de cese de actividad, que prohíbe expresamente la actividad de hostelería, recreativa y los espectáculos públicos en este espacio por carecer de declaración responsable.

"Queremos dar una oportunidad al alcalde para que no continúe en este modelo de escalada de tensión y de conflicto", ha manifestado la abogada de La Invisible, que también ha aclarado que la actividad de la barra no tiene fines lucrativos sino que lo recaudado se emplea para financiar las actividades y el mantenimiento de La Invisible.

Además, en el colectivo son conscientes de que el incumplimiento del decreto de cese podría incurrir en un procedimiento penal por desobediencia a la autoridad, lo que conlleva, como ha indicado Amanda Romero, a penas de prisión. "Nunca habían llegado tan lejos", ha esgrimido la letrada. "Por un argumento tan nimio como es la falta de una autorización administrativa".

Precisamente el decreto de cese denuncia que el colectivo carece de declaración responsable para el desarrollo de actividades públicas y económicas, una autorización que no pueden solicitar porque no son propietarios del edificio. "Una paradoja", describen en La Invisible. "Deliberadamente son conscientes de que te están pidiendo algo que está en sus manos concederte".

Entidad de utilidad pública

Por otro lado, otro portavoz de La Invisible, Floren Cabello, ha añadido que en 2016 el consistorio les declaró entidad de utilidad pública municipal. "Parece que ahora el ayuntamiento se hace el nuevo y quiere descubrir no solo que hacemos actividades, sino que esas actividades son merecedoras de su propio reconocimiento como entidad de utilidad pública municipal".

Romero ha vuelto a insistir en que existe un procedimiento contencioso-administrativo abierto desde 2018 y que está a la espera de fallo judicial sobre la cesión del espacio. Un pleito que ha frenado dos intentos de desalojo por parte del consistorio y que, subraya, avala a La Invisible hasta que no haya sentencia.