CCOO y UGT "suspenden" a la Junta en su balance del primer año del Pacto Social de Andalucía

Los sindicatos CCOO y UGT ha dado un "suspenso" al Gobierno andaluz tras el primer año de vigencia del Pacto por el Impulso Social y Económico de Andalucía, firmado hace un año entre los agentes sociales. Ambas centrales han criticado este martes la "mala gestión" de la Junta, a la que reprochan haber ejecutado sólo el 15% del total del plan durante este periodo, "dejando en un cajón de San Telmo las partidas presupuestarias y no en el bolsillo de las personas que más lo necesitan". 

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, y su homóloga en UGT, Soledad Ruiz, han anunciado que solicitarán una reunión urgente con la Delegación provincial de Gobierno en Málaga para reclamar un impulso a este acuerdo.  

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Cubillo ha manifestado que el bono familia, el bono carestía y las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, entre otras medidas, solo han supuesto unos 600 millones de euros del total de 4.430 millones de euros previstos. "El grado de ejecución de este acuerdo ha sido muy deficiente", ha afirmado en su balance del primer año.

"El objetivo de este acuerdo era mejorar la vida de las personas trabajadoras y del conjunto de la sociedad andaluza, pero esto no ha sido así, ya que sigue habiendo largas listas de espera en la sanidad pública y en la dependencia en la provincia de Málaga. Además, la educación de formación profesional sigue prácticamente parada, y ésta podría dar una oportunidad para el empleo a miles de jóvenes malagueños", ha resaltado Cubillo.

Por su parte, Ruiz, ha lamentado que este primer año del Pacto tenga "más sombras que luces". "Nuestro compromiso era velar porque los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestra tierra y que fueran desarrollados y tomados en consideración en la ejecución del Pacto; de ahí que seamos estrictos en su cumplimiento”, ha apuntado.

Según los sindicatos, la Junta se ha gastado en apoyo a la pequeña y mediana empresa unos 200 millones de euros, del total de 525 millones incluidos en este pacto.

"La garantía a los préstamos hipotecarios de las personas jóvenes siguen sin tener reflejo presupuestario, ni la financiación no reembolsable, ni las políticas de desarrollo digital con esos 240 millones de euros, ni el plan de empleo juvenil con unos escasos 21 millones de euros gastados, de un total de 85 millones como crédito definitivo. Un dinero que serviría muchísimo para las empresas, para los trabajadores y para las familias más necesitadas", aducen.

Medidas pendientes

Por su parte, la secretaria de Política Social y Migraciones de CCOO de Málaga, Inmaculada Sánchez, ha criticado la falta de negociación y de diálogo social, resaltando que el Decreto Ley sobre Simplificación Administrativa tendría que haber sido abordada y consensuada dentro del propio pacto. 

CCOO reclama al Gobierno Andaluz que rectifique los problemas que, a su juicio, presenta el diseño del bono carestía, que se pueda solicitar de manera presencial y que se amplíe el plazo de solicitud. También solicita que se amplíe la partida de 12 millones de euros y que se agilicen las resoluciones, ya que "el silencio administrativo pasado en los seis meses supone la denegación de la ayuda". 

"A día de hoy todavía hay jóvenes a quienes no les ha llegado la ayuda al alquiler del bono joven después de un año y medio desde que lo solicitaron, lo que demuestra la falta de interés de este Gobierno por aliviar la situación de la vivienda que padece la juventud, que tiene que destinar al alquiler tres cuartas partes de su salario", lamentan los sindicatos

Las centrales sindicales también echan en falta un diálogo en relación a las subidas del precio de plaza residencial en dependencia y al incremento del 25% del precio en hora de ayuda a domicilio, que en su opinión mantienen la atención a la dependencia en una "situación de precariedad" ante la falta de plazas públicas y concertadas que se quieran ajustar a los precios que hasta ahora fija la Junta de Andalucía.

"Es una atención de ayuda a domicilio precarizada por las licitaciones a la baja, con consecuencias que terminan pagando las personas usuarias y las trabajadoras de dicho sector", comentan.

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Vicente Sandoval, secretario de organización y salud laboral de UGT Málaga, ha añadido que el acuerdo para la implantación de un plan de choque contra la siniestralidad laboral en Andalucía tampoco se está cumpliendo. "Viene tarde y no se ven efectos que tengan incidencia en la reducción de accidentes laborales en la provincia" ha explicado.